Madrid, 2 de mayo. El ministro de Economía español, Luis de Guindos, informó que se habían analizado los datos y los detalles de la nacionalización de la filial de Red Eléctrica de España en Bolivia, y que a pesar de que es una decisión negativa, reconoció que tienen la certeza de que el Estado boliviano compensará a la empresa española. La reacción del gobierno español estuvo en las antípodas a la que tuvo con motivo de la expropiación por parte del Estado de Argentina de la petrolera YPF, en la que llegaron incluso a amenazar con romper relaciones diplomáticas y comerciales.

Creemos que es fundamental mantener la seguridad jurídica en el proceso de inversiones en países como Bolivia, pero el gobierno de Bolivia nos ha dado garantías de que se va a compensar a Red Eléctrica Española por las inversiones efectuadas, explicó el ministro español, que se limitó a respetar la palabra dada por el gobierno de Evo Morales y en ningún caso atacó y vilipendió a la administración latinoamericana, como sí hizo el Ejecutivo español con el caso de Argentina.

A pesar del tono conciliador del gobierno español, la Comisión Europea expresó su preocupación por la nueva expropiación que afecta a una empresa española en América Latina, que a su juicio envía una señal negativa a los inversionistas internacionales, por lo que reclamó al gobierno boliviano una compensación rápida y adecuada por la nacionalización.

Confiamos en que las autoridades bolivianas respetarán plenamente sus acuerdos de inversión con España y garantizarán una compensación rápida y adecuada por esta expropiación, añadió el vocero de la Comisión de Comercio de la Unión Europea, John Clancy, quien apuntó que actuaciones como esta envían una señal negativa a los inversionistas internacionales sobre el clima de negocios e inversión en Bolivia.

Más contundentes se mostraron las organizaciones empresariales españolas, que calificaron de tomadura de pelo la nacionalización y exigieron al gobierno que adopte medidas drásticas y contudentes.