La aprobación de la Ley General de Víctimas es un paso adelante en la protección de quienes han sido agraviados por diversas circunstancias, pero dicho mecanismo sólo será útil en la medida en que el gobierno le otorgue los recursos suficientes y se comprometa a castigar a los culpables de crímenes de lesa humanidad, para no reducir el tema a una simple cuestión de dinero, afirmaron activistas de derechos humanos.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, celebró que la nueva ley sea una herramienta amplia y ambiciosa, mediante la cual pueda ayudarse a las víctimas tanto de la delincuencia como de los abusos de poder de las instituciones, pero subrayó que el reto ahora es que cuente con todos los elementos para ser llevada a la práctica.

Va a requerir de una gran cantidad de recursos tanto jurídicos como legislativos y presupuestales, para su implementación real. Es importante señalar que esta ley compendia varios ordenamientos que ya existen pero que no se cumplen, por eso tendrán que ser las organizaciones sociales quienes tengan que presionar para que el Estado mexicano sea el garante de sus normas, apuntó.

Aunque el activista aseveró que la reparación económica del daño no es el punto principal para las víctimas, consideró que de todas formas habrá que estar muy pendientes de dicho aspecto, ya que los jueces podrían tratar de reclasificar muchos crímenes y abusos de las autoridades con tal de no pagar este rubro.

Silvano Cantú, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y coautor de la ley en cuestión, indicó que algunos de los elementos indispensables para que la legislación funcione son establecer un sistema nacional de víctimas y diseñar políticas públicas integrales para atender a esta población.

Asimismo, consideró necesario implementar las medidas de reparación de acuerdo con las necesidades del daño de cada víctima; no burocratizar el sistema; evitar que los casos sean contaminados con agenda particulares o partidistas, y establecer de forma clara que las indemnizaciones deben ir acompañadas de una pesquisa sobre los responsables de un abuso, para de esta forma garantizar a la víctima el acceso a la justicia y la verdad.

Esta ley es una esperanza para quienes han sufrido alguna violación de derechos humanos que no está contemplada aún por el derecho penal, y así sacarle la vuelta a ese tipo de omisiones jurídicas. Tenemos un nuevo germen del derecho público, que es el derecho victimal, y eso nos da nuevas cajas de herramientas, encomió.