ónde se ubica el debate de la salud y la seguridad promovido por Enrique Peña Nieto en México, la gran esperanza? Ciertamente fuera de aquello que importa a los ciudadanos colmados de derechos sociales universales que habitan su curioso estado eficaz: en la meta intermedia del financiamiento y el racionamiento tecnocrático de las prestaciones que amparan las actuales legislaciones IMSS-Issste. No en la meta final de todo estado de bienestar moderno: mejorar servicios y actualizar el cuadro de beneficios que a él corresponde.

Como ya ocurriera con Vicente Fox y Julio Frenk (Seguro Popular) y después con Calderón (Seguro Médico para una Nueva Generación, SMNG), ahora Peña busca exactamente el mismo racionamiento incorporado a los catálogos esenciales de esos fallidos programas, aunque por una ruta diferente y asistido por el tecnócrata Santiago Levy.

Como las de los panistas que tanto cuestiona, la agenda de Peña-Levy nace por tanto vencida: no sabe cómo mejorar servicios, ni cómo poner al día el cuadro de prestaciones del México del siglo XXI. Tampoco aspira a aprenderlo. Prueba de ello es que los contenidos seminales en la materia de su capítulo 5 (Un México sin pobreza) proceden de Levy quien, con su fatal gestión en el IMSS-Fox (2000-2005), demostró sobradamente que ignora todo en materia de calidad y mejora efectiva de servicios.

La propuesta del nuevo PRI enlista otra reforma financiera más a la larga serie de fracasos parciales carentes de sentido estratégico que soporta la política pública desde los tiempos de Soberón: ¡1982!; propuesta que reitera la ruta panista para acotar derechos constitucionales sirviéndose de la misma trampa del Seguro Popular: ampliar en el papel derechos ciudadanos recortados, pero incapaces de cumplirse en los hechos; empoderar a un ciudadano con cada vez menos beneficios efectivos pero muchos más derechos sociales universales.

Peña lo expresa claramente: propone un sistema de seguridad social universal como piso de protección social básico y gratuito dónde la condición de ciudadanía y no la participación en el mercado laboral debe ser el nuevo eje del sistema de seguridad social (p.115).

Pero esa ciudadanía ya la padecemos (desde 2003) en el Seguro Popular, donde se dilataron derechos en el papel, se recortaron prestaciones vía los paquetes básicos: Catálogo Universal de Servicios Esenciales y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Y a pesar de que el sector dispuso de la bolsa más cuantiosa de los últimos 30 años (vía impuestos generales) los servicios empeoraron.

Los derechos universales de Peña-Levy también son esenciales (básicos) y gratuitos: son paquetes básicos. Y aunque en su agenda critican el Seguro Popular (p.114), cuando Peña fue cuestionado sobre si lo desaparecería, respondió de ninguna manera. Todo lo contrario. Su propuesta, agregó, contempla que se “amplíe y complemente lo que actualmente tiene el Seguro Popular. Lo que propongo es que ese sea el sustento (Milenio Diario, 9.12).

Así que si ese es el sustento, no queda más que recortar prestaciones integrales del IMSS-Issste al nivel de las que ya raciona el Seguro Popular. La única diferencia sería que Peña aún no divulga la metodología tecnocrática con que Levy racionará su universalidad.

La agenda Peña reconoce también que para hacer realidad ese sistema universal se requiere una reforma fiscal integral (p.117) para financiarlo vía impuestos generales, que nunca detalla en el libro. Pero Levy lo ha anticipado: con IVA –a 15 por ciento– generalizado a fármacos, alimentos y servicios sin excepción. Además, Peña propone, la transformación de la legislación laboral para poner en sintonía a empresas y sindicatos con un nuevo esquema de derechos universales y de mayor productividad (p. 117).

Es decir, desprender el sistema universal básico y gratuito del derecho a la salud (Artículo 4 constitucional) desapareciendo la protección social vinculada al trabajo (Artículo 123 y apartados A y B de la Ley Federal del Trabajo). Así es como garantiza derechos incumplibles que tampoco mejoran servicios.

Si ya con la tercerización (outsourcing), servicios del IMSS-PAN, Ley Calderón del Issste, Seguro Popular y SMNG, el horizonte de la protección social está comprometido, ¿cómo concilia Peña su sistema universal con una reforma laboral que precarizará el empleo? Con protección social inferior, simbólica o básica.

La agenda Peña-Levy (y su impulsor Carlos Puig) repite las fórmulas de la vieja escuela. Es inadmisible que quienes hundieron la seguridad social (Levy) ostenten ir a su rescate.

Si de mejorar servicios se tratara, Peña debería empezar por integrar la cuantiosa bolsa del Seguro Popular y del SMNG en el Programa IMSS-Oportunidades, que es el que –muy ampliado– corresponde a sus escuálidos catálogos esenciales. Claro que inmediatamente chocaría con los 20 gobernadores priístas que se benefician opacamente de ella.

Y dotado de otro programa económico orientado a generar empleo formal de calidad podría abrir entonces el debate sobre la actualización del cuadro integral de las prestaciones incorporadas en la legislación IMSS- Issste.

Pero entonces, Peña tendría que rehacer su agenda vencida e imaginar otro futuro inmediato para la materia. Tendría que repensar otro estado eficaz no centrado en la meta intermedia del financiamiento. Y aún disponiendo de suficientes recursos, Peña tendría todavía que aprender a usarlos para mejorar servicios. Esa mejora es lo que hoy reclama la ciudadanía colmada de los derechos universales que tanto parecen fascinarlo, como antes ya se lo reclamó inútilmente a Fox. ¿Será capaz?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco