Puerto Vallarta, Jalisco, se ha convertido en una bomba de tiempo debido a la gran cantidad de gasolinerías y depósitos clandestinos de hidrocarburos que Petróleos Mexicanos (Pemex) y el gobierno municipal han permitido que se instalen ahí, en complicidad con el crimen organizado, situación que pone en riesgo la seguridad de miles de familias.

Así lo advirtió Nicolasa García, coordinadora del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, quien señaló que desde hace cuatro años el número de estaciones de gasolina en esa localidad aumentó de ocho a más de 40 –para una población de sólo 300 mil habitantes–, y se ha desatado un fenómeno de contrabando de combustibles.

En conferencia de prensa, la activista detalló que a partir de la administración del ex presidente municipal Javier Bravo Carbajal (PRI), en Puerto Vallarta comenzaron a proliferar gasolinerías e instalaciones clandestinas de depósito de hidrocarburos, construidas sin permiso del gobierno, estudios de impacto ambiental o visto bueno de las autoridades de protección civil.

A pesar de que ya ha habido diversas fugas y explosiones en los alrededores de Puerto Vallarta, el gobierno municipal –hoy a cargo del también priísta Salvador González Reséndiz–, ha seguido otorgando licencias de construcción de gasolinerías en zonas densamente habitadas, al lado de escuelas, hospitales e incluso de la pista de aterrizaje del aeropuerto, denunció García.

Se quejan vecinos de obtener respuestas vagas y evasivas

Los vecinos ya han interpuesto demandas ante varias entidades del gobierno municipal, estatal y federal, pero hasta el momento sólo han recibido respuestas vagas y evasivas, por lo que están considerando apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agregó.