En una situación de inequidad, impunidad, doble discurso de la autoridad y carencia de presupuesto para garantizar los derechos de los niños, organizaciones no gubernamentales acusaron al presidente Felipe Calderón de negligencia, al incumplir con la emisión del reglamento de la ley conocida como 5 de junio –impulsada por padres de las víctimas de la guardería ABC, en tanto exhortaron a los candidatos a la Presidencia de la República a documentarse sobre esta norma, porque se las vamos a recordar cada a día.

Al vencer el pasado 20 de abril el plazo para que la ley cuente con un reglamento, José Francisco García, del Movimiento 5 de Junio y padre de Andrés Alonso, quien falleció en 2009 en el incendio de la estancia infantil, preguntó a las autoridades: ¿Tienen que morir más de 100 niños para que esto sea importante?.

Añadió: Esta ley no es retroactiva para mi bebé, él ya murió, pero es en beneficio de miles de niños. En conferencia de prensa, organizaciones que participan en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) señalaron que como los infantes no votan no despiertan el interés de autoridades ni tampoco de los candidatos a la Presidencia.

A estos últimos les interesa el voto para llegar al puesto, pero no para cumplir con los derechos esenciales de la niñez.

Existe corrupción, impunidad, manejo de influencias, doble discurso gubernamental en torno a la situación de la niñez mexicana y no pasa nada, acusó Sergio Salazar, de Investigación y Educación Popular Autogestiva.

Riesgo latente

Luego de que la ley 5 de junio fue impulsada tras el incendio en la que fallecieron 49 niños en la guardería ABC, de Sonora, las organizaciones realizaron la declaratoria Derechos desde el principio. Educación y cuidado de la primera infancia ¡ya!, en la cual advirtieron que las causas que dieron origen a esos lamentables hechos, hoy, en muchos sentidos, siguen vigentes, constituyendo esta inercia un riesgo permanente para millones de niños mexicanos.

Exigieron a los legisladores comprometerse con la armonización inmediata de las mejores normas para la protección de los derechos y establecer políticas y presupuestos públicos que vayan en un aumento progresivo hasta lograr la cobertura total de las garantías de la niñez.