Sergio Cabrera, presidente del comisariado del ejido Melchor Ocampo, de Tepeji del Río, Hidalgo, denunció una persecución en su contra por funcionarios del gobierno del estado, que se han erigido en defensores oficiosos de los empresarios que intervinieron en la construcción y ahora operación del Puerto Seco en tierras ejidales, presuntamente adquiridas en forma irregular.

El Puerto Seco o terminal intermodal logística de Hidalgo (TILH) fue construido por las empresas Hutchinson Ports Mexico (HPM), filial de la trasnacional china Hutchinson Port Holding –con sede en Hong Kong– y el Grupo Ejecutivo Industrial del Altiplano (GEIA) en tierras del citado ejido, con una inversión anunciada de aproximadamente 200 millones de dólares.

El pasado 22 de septiembre, Cabrera, el secretario y el tesorero del comisariado del ejido Melchor Ocampo, antes El Salto, de este municipio, interpusieron un recurso de amparo indirecto contra el gobernador y otros funcionarios de Hidalgo, la Secretaría de la Reforma Agraria y el Registro Agrario Nacional, por tres decretos expropiatorios de 188 hectáreas, reclamando que no se notificó al ejido la solicitud de enajenación ni la instauración del procedimiento expropiatorio, con lo cual se violó la garantía de audiencia, entre otras, así como diversas disposiciones de la Ley Agraria (La Jornada, 26/03/12).

El juez primero de distrito, con sede en Hidalgo, concedió el 27 de septiembre de 2011 la suspensión de plano de los actos reclamados para que los responsables no despojen al ejido Melchor Ocampo de sus tierras ni hagan traslado de dominio de las mismas a ninguna empresa privada. Sin embargo, el juzgador sobreseyó ese amparo el 9 de marzo, por lo que el ejido interpuso una revisión, la cual solicitó sea atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se interpuso además una queja contra el propio juez. Entretanto, continúa vigente la prohibición de transferir la tierra en litigio a algún particular.

Cabrera informó vía telefónica que un grupo de ejidatarios, encabezado por Elías Osornio Cruz, presidente del consejo de vigilancia del comisariado, dio a conocer el sábado anterior una convocatoria para asamblea, a efectuarse el 29 de abril, donde pretenden destituirlo de la presidencia. “De entrada es ilegal, porque no se cumple el plazo de ocho días –además del día de la emisión de la convocatoria y el de la asamblea– que establece la ley”, indicó. Asimismo, advirtió que teme que llegue gente armada a provocar violencia, sobre todo porque aseguró que él tiene la mayoría de ejidatarios a en favor.

Interrogado sobre el motivo para querer su destitución, comentó que el presidente del consejo de vigilancia dijo a ejidatarios que se lo ordenó el gobierno del estado, ya que a los empresarios les urge empezar a trabajar y no pueden hacerlo por el amparo que interpuso el comisariado ejidal contra la construcción y operación de dicha obra. Esa es una abierta intromisión del gobierno en la vida del ejido, señaló Cabrera.