En México coexisten las brechas de desigualdad social que imperan en el mundo: hay municipios tan ricos como naciones de la Unión Europea y otros en condiciones similares a los de los países más pobres, como el africano Burkina Faso.

Esto ocurre aunque la inversión dirigida al sector rural creció 240 por ciento en una década, lo cual no ha ayudado a que las familias salgan de la pobreza extrema, y al menos 60 por ciento de los mexicanos que viven en esa condición se encuentran en el campo.

Las diferencias son tales que los 10 municipios más ricos del país tienen un consumo per cápita 50 veces mayor al de los más pobres, y hay políticas regresivas, como Procampo, que se deben transformar, señala el Informe latinoamericano sobre pobreza y desigualdad, elaborado por Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, el cual fue presentado ayer por el director del organismo, Julio Berdegué; el director de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, y el profesor emérito Rolando Cordera, entre otros.

Financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de la Organización de Naciones Unidas, y elaborado por investigadores de la UNAM, el documento analiza 27 indicadores de seis dimensiones de bienestar, que son educación, salud, dinamismo económico y empleo, ingreso y pobreza, seguridad ciudadana y género; se realizó con indicadores oficiales de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú.

Berdegué detalló que hay brechas abrumadoras entre los extremos territoriales más ricos y más pobres, y puso de ejemplo que en Cochoapa el Grande, en la Montaña de Guerrero, 70 por ciento de los habitantes son analfabetos, mientras en el otro extremo se encuentra la delegación Benito Juárez del Distrito Federal, donde todos sus habitantes saben leer y escribir.

En el documento se señala que 60 por ciento de los pobres extremos residen en localidades rurales, lo que no ha cambiado en al menos dos décadas: no existe una adecuada distribución del gasto público en relación con las necesidades y activos de la población, así como con los productores agrícolas y su evolución en el tiempo.

Advierte que los principales estados que se benefician del gasto agrícola, como Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco y Sonora, representan una proporción relativamente pequeña del empleo rural, mientras las entidades más pobres y con menor inversión concentran una importante proporción de este tipo de empleo. Lo que ha revelado el estudio es que la política social va por un lado, separada de la política de desarrollo agrícola, precisó Berdegué.

Consideró que el clientelismo, la corrupción y el corporativismo son prácticas muy arraigadas en América Latina, las cuales reducen la posibilidad de que las políticas públicas tengan impacto. “El desafío es transparentarlas y democratizarlas; son poblaciones con tantas carencias que hay una actitud de decir: ‘vengo aquí a hacerte un favor, y es tal tu situación de privación que cualquier cosa que te dé o exija tienes que hacerla’.”

Se han ejercido muchos recursos, pero esto no indica que haya mejora en la calidad de vida de la gente, dijo por su parte Josefina Stubbs, directora de la división del FIDA para América Latina y el Caribe. En México las diferencias se arrastran desde hace décadas y en el campo prevalecen extremas desigualdades territoriales entre los estados del norte y del sur, y entre los productores de subsistencia y los comerciales, agregó.

Leonardo Lomelí consideró que la política social es insuficiente en un escenario de bajo crecimiento, lo cual implica que no se generan empleos suficientes, y ante el aumento en los precios de los alimentos y la crisis económica, este año se espera que crezcan los niveles de pobreza. También indicó que la presencia del narcotráfico en el campo hace que los sectores más pobres sean los más vulnerables a esas presiones.

Posición contrapuesta con la de la ONU o el BM: Cordera

Al comentar el informe, Rolando Cordera dijo que sus estimaciones se contraponen con las que surgen de informes de organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o el Banco Mundial.

En materia de desigualdad –señaló– se puede llegar a mediciones compartidas, pero sobre las causas que la ocasionan empieza la discusión. El debate sobre el tema de la pobreza ya no puede ser aislado, es internacional. Si en algún lugar ha adquirido importancia es en Estados Unidos.