El Senado de la República aprobó ayer en comisiones la Ley General de Víctimas. Durante la sesión estuvieron presentes familiares de jóvenes desaparecidos y asesinados, quienes confiaron en que con esa legislación el Estado mexicano asuma su responsabilidad y establezca un conjunto de medidas para asistir a los afectados y reparar de manera integral el daño provocado por el crimen organizado o por autoridades que incurrieron en violaciones de derechos humanos.

El dictamen fue presentado casi al final de la sesión –en primera lectura– y hoy se votará ante el pleno, ya que la intención es turnarlo de inmediato a la Cámara de Diputados.

Nueve de los 189 artículos que conforman la nueva ley fueron modificados y se adicionó uno. El cambio principal fue al artículo 71, para fijar un monto de 500 veces el salario mínimo mensual para reparar el daño.

Los integrantes de las comisiones de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos consideraron que no se podía dejar de establecer un tope, porque de lo contrario el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral quedaría vacío con el pago a una sola víctima.

La reunión de las comisiones dictaminadoras comenzó muy temprano y en principio no se permitía la entrada a las víctimas y a sus familiares. Margarita Pérez, madre de una joven desaparecida en Oaxaca, se coló al lugar donde sesionaban y a gritos denunció que el personal de seguridad del Senado la había golpeado e impedía el paso a otros de sus compañeros.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam (PRI), pidió que se revisara la denuncia y que esas personas ingresaran al recinto de Reforma e Insurgentes. De esa forma, el sacerdote Miguel Concha Malo y Emilio Álvarez Icaza, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, acompañados por una veintena de familiares de víctimas, pudieron atestiguar las más de dos horas de discusión.

Al final, cuando se aprobó la ley en lo general y en lo particular, la mayoría de familiares de víctimas rompió en lágrimas. Saúl Armando Romo recordó a su hijo de 29 años, que se llama igual que él y desapareció en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en julio del año pasado. Dijo que confía en que la legislación sirva para evitar más casos como el suyo.

Teresa García Carmona, con el rostro de su hijo, Joaquín García, pintado en la camiseta que vestía, señaló que un día antes el joven habría cumplido 23 años. Lo asesinaron hace un año, ocho meses y tres semanas, y las investigaciones no avanzan. Confió en que la nueva legislación permita que haya justicia para ella y los demás familiares de las miles de víctimas.

Álvarez Icaza dijo que se trataba de lágrimas de dolor. La razón por la que estamos aquí es que no haya más víctimas y que esta legislación sea un piso para que el Estado mexicano tenga un poco de solidaridad. Tanto él, como el sacerdote Miguel Concha, consideraron que la ley es buena y ahora falta el compromiso de la Cámara de Diputados.

–¿Habrá tiempo?

–Confiamos en que sí. La legislatura termina el 28 de agosto. Sabemos que el tiempo político hace difícil que se apruebe después del 30 de abril, porque tendría que ser en un periodo extraordinario. Quedan seis días, ojalá se pueda lograr –comentó Álvarez Icaza.

El senador perredista Pablo Gómez Álvarez consideró que se trata de un instrumento completo de nueva generación, con atribuciones necesarias para garantizar la protección de los agraviados.