En la presentación de los protocolos de seguridad, el presidente Felipe Calderón sostuvo que el objetivo es fortalecer la protección integral de los derechos humanos en las acciones de la autoridad. Aseguró que estos lineamientos responden a la necesidad de contar con ordenamientos mucho más claros y precisan las circunstancias en que se puede usar la fuerza del Estado.

A unos meses de concluir su gestión y a cinco años de que comenzó la lucha contra el crimen organizado, el mandatario federal convocó a Los Pinos al gabinete de seguridad, así como a funcionarios y representantes de organizaciones sociales, para dar a conocer los protocolos del uso de la fuerza, detención de personas y cadena de custodia y preservación de evidencias.

En los instrumentos anunciados participan las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Seguridad Pública (SSP) y Procuraduría General de la República (PGR). Los nuevos lineamientos fueron publicados ayer en el Diario Oficial de la Federación.

Por la mañana, antes de viajar a Washington, el Presidente dijo que estas dependencias cuentan con una base legal mucho más sólida para seguir realizando sus tareas, como hasta ahora lo han hecho, con estricto apego a la legalidad y con respeto a los derechos individuales.

Calderón aseveró que estas directrices son en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como de organismos nacionales e internacionales. Aseveró que, desde el principio, hemos estado plenamente conscientes de que en ningún momento es permisible proteger un derecho ciudadano violentando otro y, por eso, hemos dado esta lucha dentro del marco del derecho.

Anunció que con los protocolos para el uso de la fuerza, tanto las policías federales y ministeriales como soldados y marinos, tendrán guías puntuales para su actuación en los enfrentamientos con criminales, o cuando son, precisamente, objeto de agresiones directas o en enfrentamiento por parte de éstos. El uso legítimo de la fuerza para la protección de los ciudadanos, del cual el Estado tiene el monopolio, debe estar, también, debidamente regulado.

Abundó en que en estos lineamientos se definen los casos y condiciones en que la fuerza debe ser usada. La fuerza pública será utilizada en la magnitud, en la intensidad y en la duración que sea requerida en cada caso y dependiendo de la amenaza a la que los policías, los soldados o marinos se estén enfrentando. Aseguró que en todo momento se privilegiarán las acciones disuasivas que no impliquen el uso de armas letales.

En cuanto a los protocolos para la detención y puesta a disposición de personas, que corresponden a la PGR y a la SSP, detalló que cada vez que alguien sea detenido, ya sea en flagrancia o en cumplimiento de una orden judicial, es indispensable que se le presente de manera inmediata a la autoridad correspondiente. Las autoridades de seguridad están obligadas a informar a los detenidos el motivo de su detención y sus derechos.

Así, puntualizó, se reduce la posibilidad de que existan casos de tortura y también de que quienes han cometido delitos sean puestos en libertad por errores de procedimiento.

Sobre los protocolos para cadena de custodia y preservación de evidencias de la PGR y la SSP, indicó que fijan las acciones específicas y la metodología que las autoridades deben seguir para preservar la escena de un crimen, mantener la evidencia que pueda llevar a deslindar responsabilidades y encontrar a los culpables de un hecho delictivo. Con estos lineamientos se podrán presentar casos más sólidos antes los jueces para dar un justo castigo a los delincuentes.