stá a discusión en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que significa pavimentar el camino para que las trasnacionales puedan demandar a las víctimas de la contaminación transgénica, al mismo tiempo que criminalizan los intercambios de semillas entre campesinos y colocan al Estado en funciones de policía de Monsanto y otras trasnacionales de agronegocios.

Las víctimas de contaminación transgénica ya han sido demandadas por dichas empresas en otros países, por uso indebido de la propiedad intelectual de los genes transgénicos. Con el dictamen del 14 de marzo de la Comisión de Ganadería y Agricultura de la Cámara de Diputados para reformar la citada ley, se pretende legalizar esta aberración, aplicable a cualquier campo contaminado, campesino o industrial. Viene a tono con la autorización del gobierno a las siembras piloto de maíz transgénico a campo abierto, para que las empresas no sólo queden impunes, sino que lucren con la contaminación que necesariamente está ocurriendo. No es un negocio menor: hasta 2007 (luego no publicaron datos), Monsanto había cobrado en Estados Unidos más de 21 millones de dólares por juicios contra agricultores contaminados y más de 160 millones de dólares en arreglos fuera de juicio, debido a la campaña de terror contra los afectados, que intentaron evitar los costos del juicio.

Las leyes de variedades vegetales regulan los derechos de obtentor, es decir, los privilegios de exclusividad para quienes desarrollan nuevas variedades vegetales en sistemas institucionales. Hasta hace un par de décadas, todavía la mayoría de esta investigación se hacía por instituciones públicas que, a su vez, colocaban el producto de su trabajo gratuitamente a disposición de los agricultores. Actualmente, la mayoría es de empresas privadas que lo hacen con fines de lucro.

Sin embargo, todas las plantas que hoy se usan en alimentación son fruto del trabajo colectivo de campesinas y campesinos del mundo que por más de 10 mil años han adaptado especies silvestres para usarlas para el sustento (alimentación, abrigo, forrajes, vivienda, ornato, etc) y que lo siguen haciendo. Cualquier modificación que se haga a una variedad, siempre se basa en el trabajo colectivo campesino, que por miles de años ha funcionado con libre flujo e intercambio de semillas, siendo, como definió la Vía Campesina, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Por ello, cualquier forma de propiedad intelectual sobre plantas es un robo a bienes comunes esenciales para el sustento de la humanidad.

Hasta hace 40 años había más de 7 mil empresas semilleras a nivel global y ninguna llegaba ni al uno por ciento del mercado mundial. Hace un par de décadas las trasnacionales químicas decidieron adquirir las semilleras para apoderarse del mercado y obligar a los agricultores a comprarles paquetes de semillas y agrotóxicos. Al 2000, las 10 mayores empresas controlaban 30 por ciento del mercado global. Hoy, las 10 mayores controlan un absurdo 73 por ciento global, y solamente tres de ellas (Monsanto, DuPont-Pioneer y Syngenta) controlan 53 por ciento de toda la industria semillera global. Esas mismas tres tienen 95 por ciento del mercado global de semillas transgénicas.

También hace 40 años, sólo 5 por ciento de todas las semillas comerciales estaban registradas o bajo regímenes de propiedad intelectual, como derechos de obtentor. Actualmente, gracias a las corporaciones, 82 por ciento de las semillas comerciales están bajo propiedad intelectual.

Justamente porque la propiedad intelectual en plantas es un robo que atenta contra bienes comunes esenciales, el propio convenio UPOV (Unión internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales) sólo pudo establecer en su inicio 5-7 años de vigencia para los certificados de obtentor y tuvo que aceptar que éstos no podían restringir ni el intercambio de semillas entre campesinos ni la investigación. Esto ha ido cambiando en sucesivas versiones del convenio UPOV, pero los cambios propuestos a la ley mexicana superan ampliamente las restricciones que impone incluso la versión UPOV 1978, de la cual México es signatario.

Entre otras aberraciones, la reforma sugiere extender de 18 a 25 años la vigencia de los certificados para plantas perennes (como frutícolas y forestales), y de 15 a 20 años en cultivos estacionales. Introduce cambios en la definición de lo que cubren los derechos de obtentor y en sus alcances, para ampliarlos y hacerlos más restrictivos. Propone que se incluyan hongos (que no estaban) e incluso que el alcance de la protección de los obtentores llegue a productos obtenidos directamente de la variedad protegida, como fruto, grano, plántula, plantas enteras, partes de plantas o cualquier otra estructura vegetal para consumo humano, animal o industrial, con lo cual hasta para comer un elote habrá que pagar primero a Monsanto.

Gracias a las protestas de Unorca y otras organizaciones campesinas y sociales, así como investigadores y científicos críticos e independientes de las empresas, el 19 de abril se suspendió la consideración de este dictamen en la Cámara de Diputados. La demanda es que se abra el tema a un amplio debate social. Habrá que estar vigilantes en este asunto que afecta la soberanía, el sustento y la alimentación de todos.

*investigadora del Grupo ETC