ncapaz de afrontar la crisis financiera que expande el desempleo, paraliza el crecimiento y hasta lleva al suicidio a algunos de los nuevos desposeídos, el Parlamento Europeo intenta ahora hallar un chivo expiatorio para ocultar su propia impericia para frenar un ciclón que se está llevando puesto aquel pacto social incluyente que imperó en la región a partir de la segunda posguerra.

Al censurar la decisión soberana de Argentina de recuperar su autonomía energética reasumiendo la conducción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, su histórica empresa petrolera, y desatar una embestida para obstaculizar su desarrollo como sociedad anónima con mayoría estatal, los eurodiputados, que actúan como obedientes mandaderos de los líderes conservadores, llámense Merkel, Sarkozy, Monti, Rajoy, orillan el ridículo.

Esa actitud en la arena supranacional es coherente con la política que despliegan en sus propios países, donde los bancos son más importantes que las personas y lo que proponen para sus vecinos de la Europa subordinada: políticas de austeridad brutales y remoción de gobernantes elegidos libremente, designando en su lugar a burdos ejecutores del ajuste, como ocurrió en Italia y Grecia.

Por suerte, frente a esa mayoría de parlamentarios que se hincan ante al liderazgo del capital especulativo que opera a través del Banco Central Europeo, hay un sector como el que integran los diputados de la izquierda y verdes Catherine Grèze, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda y Rui Tavares, que en ese ingrato ámbito dan testimonio de solidaridad internacional.

Son ellos los que afrontaron el debate en Estrasburgo reivindicando el derecho de los gobiernos a nacionalizar los sectores estratégicos de la economía, incluido el sector energético, cuando los intereses de una empresa privada y de la mayoría de la población difieren considerablemente y el sector se ha vuelto esencial para aplicar políticas económicas indispensables, principalmente en un contexto de grave crisis económica.

Son aquellos también los que demandaron al gobierno de España que no confunda los intereses públicos con los intereses privados y señalaron que los intereses de la empresa privada Repsol no son ni el interés general de España ni los intereses de la Unión Europea.

Enorme burocracia de costos millonarios sólo comparables con los de las elefantiásicas y arcaicas monarquías, el Parlamento Europeo no puede, no sabe o no quieres resolver la crisis que se abate sobre ese continente, desertando así de una misión propia y fundamental. Esa conducta, además de contradecir su razón fundacional, que no es otra que la de legislar en defensa de los intereses de usuarios y consumidores, ha echado por tierra con casi medio siglo de actuación del Comité Económico y Social Europeo, foro que permite que sindicatos, trabajadores, agricultores y otros sectores sociales expresen su opinión sobre las propuestas legislativas en el marco del sostenimiento del Estado benefactor.

No se trata de una deserción desinteresada. Por el contrario, ella convalida esa concepción de que es el mercado, representado por el Fondo Monetario Internacional y el BCE, el que legitima la política, quedando los partidos, aun los socialdemócratas y considerados progresistas, al costado del camino, como inútiles testigos de una historia que les pasa por encima.

Contrariamente a un Congreso como el argentino, abocado hoy con entusiasmo y virtual unanimidad a reivindicar esa expresión soberana que remite al ejercicio de la propia independencia nacional, estos políticos y parlamentarios europeos, incompetentes para asumir una realidad que ellos mismos contribuyeron a crear, naufragan hoy en la impotencia, prestándose al inútil ejercicio de suscribir amenazas contra un país que ha decidido asumir su propio destino.

*Dirigente del Socialismo para la Victoria. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno de Argentina

Diario Página/12