xiste la pretensión, en el Senado de la República, de aprobar fast track el próximo lunes una modificación al artículo 73 de la Constitución que facultaría al Congreso para legislar en materia de protección a las víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos. Aunque a decir de algunos legisladores esa modificación constitucional es imprescindible para aprobar la ley general de víctimas –un ordenamiento que plantea, entre otras cosas, el derecho a la reparación integral del daño, a la asistencia jurídica, médica y económica, y a la justicia y el esclarecimiento de actos contra quienes padezcan ataques de la delincuencia o abusos en sus garantías individuales–, en la práctica podría tener un efecto inverso: retrasar la discusión del dictamen correspondiente –que se tenía prevista para el martes próximo– y, en consecuencia, su envío a la Cámara de Diputados; imposibilitar su aval en el actual periodo de sesiones, que concluye el próximo 30 de abril, y dejarla como un pendiente más para la legislatura entrante.

Es pertinente recordar que la necesidad de la citada ley –la cual constituye el principal compromiso formulado por el Congreso al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad– radica en la falta de mecanismos institucionales que obliguen al Estado a reconocer y reparar los abusos y atropellos cometidos contra la población, ya sea por delincuentes o por autoridades. Si bien tal obligación se encuentra consagrada en la reforma constitucional de junio del año pasado en materia de derechos humanos, la ausencia de la ley reglamentaria correspondiente constituye una laguna legal que da margen para la desprotección de las víctimas y para la impunidad de los victimarios. Tal omisión no podría expresarse en un momento más adverso que el presente, en el que los embates de la delincuencia contra la población convergen con los atropellos y vejaciones cometidos por autoridades en el marco de la guerra contra el crimen organizado, y en el que los gobiernos de los distintos niveles han dado cuenta de un manifiesto desinterés por la situación de las víctimas en general.

Con tales consideraciones, el retraso en la aprobación de la citada ley, cuya elaboración se inició hace más de un año y cuya votación fue postergada el pasado jueves por falta de quórum en el Senado, es, en el mejor de los casos, una demostración de incapacidad legislativa, o de indolencia ante la situación catastrófica que enfrenta la sociedad, en el peor.

La inexplicable dilación en el aval a la ley referida ha contribuido, en la medida en que priva al Estado de elementos para garantizar la protección y la reparación del daño de la población afectada, a agravar el clima de inseguridad y barbarie que se desarrolla en el territorio.

Es exigible, en suma, que los legisladores adopten las medidas necesarias para corregir, cuanto antes, una de las deficiencias más costosas en términos sociales y humanos en el marco legal de nuestro país. De lo contrario, las propias instancias legislativas se estarán erigiendo, así sea involuntariamente, en cómplices de la violencia y el atropello.