Nueva York, 19 de abril. Las políticas de seguridad de Estados Unidos en la región fronteriza con México, impulsadas para combatir las amenazas del terrorismo y el narcotráfico, no han demostrado un resultado concreto en sus objetivos, pero sí han propiciado una crisis humanitaria, concluye una investigación conjunta de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), presentada hoy en la capital estadunidense.

La investigación, realizada durante un año, encontró que a pesar del masivo incremento en el aparato de seguridad en la frontera durante los pasados 20 años, incluyendo la quintuplicación de los agentes de la Patrulla Fronteriza, un nuevo papel de fuerzas militares, el uso de aeronaves no tripuladas (drones), cientos de kilómetros de bardas, nuevos equipos de vigilancia y detección de alta tecnología, entre otras cosas, no hay pruebas claras de una mejora de la seguridad nacional estadunidense.

El incremento de seguridad ha resultado en un confuso enredo de agencias cuyas misiones son minadas por la falta de una estrategia clara. Los hechos contradicen el frecuente llamado de escalar el aumento masivo de fuerzas de seguridad fronterizas de Estados Unidos, incluyendo los militares, afirmó Adam Isacson, analista de seguridad regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y uno de los coordinadores de la investigación.

Ante la retórica política en Washington y en zonas fronterizas de que la línea divisoria tiene que ser asegurada, clasificando toda esa región como zona de guerra ante las amenazas del flujo de criminales, drogas, indocumentados y hasta terroristas, se ha llevado a cabo un constante incremento del aparato de seguridad, incluso con la participación militar, pero el nuevo informe concluye que estas voces que demandan más de esto están equivocadas y que una mayor inversión en dinero y recursos humanos en la frontera son innecesarios, ya que las amenazas que actualmente se enfrentan no justifican todo ello, mientras que los efectos secundarios de estas políticas se manifiestan en una crisis humanitaria creciente para migrantes, afirma el informe.

El documento destaca que a pesar de este incremento masivo de elementos de seguridad, más drogas ilícitas están cruzando la frontera. Según el informe, entre 2005 y 2010 las confiscaciones de mariguana en la frontera suroeste aumentaron 49 por ciento; de metanfetaminas, 54; heroína, 297 por ciento, y de éxtasis, 839 por ciento; sólo la cocaína registró reducciones de 21 por ciento.

A pesar de la retórica política y la percepción pública, la investigación confirma que la crisis de violencia en México no se está desbordando al lado estadunidense de la frontera, y de hecho las tasas de crimen violento en esta región son menores al promedio nacional en Estados Unidos.

Por otra parte, también se documenta el desplome en el flujo de inmigrantes por la frontera, señalando que desde 2005 el número de indocumentados detenidos ha bajado en 61 por ciento, el nivel más bajo desde principios de los años 70.

La investigación señala que estas políticas y medidas están causando una crisis humanitaria que coloca a los migrantes cada vez en mayor peligro al exponerlos al abuso de las autoridades y el crimen organizado. Hemos llegado al punto donde cualquier aumento adicional a la presencia de seguridad estadunidense brindará cada vez menos resultados, y donde las políticas de seguridad en ambos lados de la frontera están colocando a los migrantes en riesgo, comentó Maureen Meyer, encargada del proyecto sobre México de WOLA.

Este torbellino en el incremento de seguridad debe ser frenado. Los gobiernos de Estados Unidos y México tienen que tomar una pausa, reconsiderar y adoptar medidas pasos para hacer que la frontera más activa del mundo sea más eficiente, ordenada y humana para el resto del siglo XXI, concluyó Isacson.

Ver el informe completo.