El director ejecutivo de la división Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, pidió a los senadores que dictaminan la reforma que elimina el fuero militar en el caso de delitos contra civiles, apegarse al orden constitucional mexicano, a los tratados internacionales y a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que realmente se haga justicia a quienes elementos de las fuerzas armadas han quitado la vida o infligido abusos.

Durante una reunión ayer por la tarde con los integrantes de la Comisión de Justicia, Vivanco formuló diversas observaciones al nuevo proyecto de dictamen de ese ordenamiento, que fue consensuado con el Ejército y la Presidencia de la República, según comentó el panista Alejandro González Alcocer.

Vivanco coincidió con críticas que formularon antes los senadores Pablo Gómez (perredista) y Tomás Torres (pevemista) al proyecto de dictamen, en el cual se señala que los integrantes del Ejército y la Marina acusados de violaciones a los derechos humanos a civiles deberán ser juzgados por jueces federales penales y magistrados unitarios de circuito especializados en el conocimiento de la disciplina militar.

El director de HRW dijo a los legisladores que se corre el riesgo de desnaturalizar el objetivo central de la reforma, que es sacar los procesos de la jurisdicción militar y llevarlos al ámbito civil. No tiene sentido entonces que los jueces sean expertos en cuestiones militares, señaló.

Vivanco felicitó a los integrantes de esa comisión por haber modificado la propuesta original del presidente Felipe Calderón, que sólo eliminaba el fuero en tres delitos: tortura, violación y desaparición forzada, y en el caso de este último existía prescripción.

Demandó verificar que la decisión de que los elementos de las fuerzas armadas sentenciados cumplan las penas en cárceles militares no se desvirtúe y se les permita incluso vacacionar. Relató casos de soldados presos que pueden estar en regimientos.

Comentó que es importante que en la nueva legislación se incluya un recurso eficaz para que los agraviados o sus familiares puedan recurrir los casos cuando el Ministerio Público decline la competencia en favor de la justicia castrense.

Tenemos la preocupación de que se le reconozca atribución al Ministerio Público militar de conocer preliminarmente de un hecho y de recibir pruebas, testimonios de testigos, ya que entonces se podría dar que manipularan evidencias y la escena del crimen.

Se trata, expuso, de una tendencia que HRW ha podido comprobar en los pasados años en la justicia militar y mencionó los casos recientes de los estudiantes del Tec de Monterrey y la familia Almanza.

El proyecto de dictamen se discutirá hoy para subirlo de inmediato al pleno. Sin embargo, la bancada perredista tiene objeciones que ayer dio a conocer Pablo Gómez, entre ellas al artículo 435 del Código de Justicia Militar, en el que se señala que la facultad de declarar si un hecho es o no delito del fuero de guerra corresponde exclusivamente a tribunales militares.