Un juez señaló que el gobierno de Humberto Moreira no autorizó la contratación de créditos para Coahuila por 3 mil millones de pesos con Banjío y Santander, y que las finanzas de la entidad resultaron afectadas con los pagos de intereses que generaron esos empréstitos, obtenidos ilegalmente por Javier Villarreal Hernández, ex director del Sistema de Administración Tributaria del Estado.

De acuerdo con el contenido de las constancias judiciales, Villarreal Hernández es quien debió pagar los intereses generados por los créditos, no el gobierno estatal, de cuyas arcas se pagaron más de 25 millones 400 mil pesos.

Dentro de las constancias en que se dictó auto de formal prisión por los delitos de falsificación de documentos y equiparable a fraude en el fuero común, el juzgado segundo de primera instancia en materia penal en el distrito judicial de Saltillo refiere que aunque los recursos solicitados a los bancos ingresaron a las arcas estatales, los intereses generados debieron ser cobrados a dicho ex funcionario.

Héctor Villarreal y coinculpados engañaron a los bancos diciendo que había un decreto que autorizaba la contratación de deuda, con lo cual simularon un acto jurídico para aparentar que contaban con la autorización del Congreso de Coahuila, para que a nombre del gobierno de este estado obtuvieran la línea de crédito (...) situación ésta totalmente ajena a la realidad jurídica, ya que el decreto 318 real emitido por el Congreso del estado se refiere a la designación del contralor interno del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Coahuila, y consecuentemente no contiene autorización para contratar crédito alguno con instituciones bancarias, lo cual causó un perjuicio en el patrimonio en el gobierno del estado de Coahuila, que tuvo que cubrir intereses devengados hasta el momento del pago, que según perito adscrito a la Fiscalía General del Estado asciende a la cantidad 25 millones 499 mil 526 pesos, señala el auto de formal prisión dictado el 31 de octubre de 2011 por Adrián González Hernández, juez segundo de primera instancia en materia penal en el distrito judicial de Saltillo.

El juzgado apuntó que, por ejemplo, en el caso de Banjío, el gobierno del estado tuvo que realizar pagos por concepto de comisiones a intereses mediante los cuales el estado de Coahuila se obligaba a pagar a dicha institución bancaria en razón de uno por ciento sobre el monto a disponer al momento de que se realizara cada disposición, según se advierte de cada contrato.