Sao Paulo, 18 de abril. La justicia de Sao Paulo reconoció por primera vez la tortura en la dictadura (1964-85), en una sentencia considerada histórica en Brasil y que determina que en el certificado de defunción del dirigente del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) Joao Batista Franco Drumond conste muerte por torturas físicas. Juzgo procedente la demanda para rectificar el certificado de defunción, expresa la sentencia del juez Guilherme Madeira Dezem divulgada este miércoles en la prensa.

El juez determinó que donde se leía fallecido el 16 de diciembre de 1976 en la avenida Nove de Julho conste fallecido en las dependencias del DOI-CODI II Ejército (un conocido centro de tortura) y donde se determinaba que la causa de muerte era traumatismo craneano, se le añada debido a torturas físicas. La decisión del juez responde a una demanda de la viuda Maria Cristelli Drumond. La fiscalía se había declarado a favor de rectificar el certificado de defunción del militante, pero entendía que no se podía probar la muerte por tortura.

Con base en testigos de camaradas de cárcel de Drumond, el juez estimó lo contrario. Lo que la familia quería es que la verdad fuera establecida. Es una decisión histórica, especialmente en un país que está dispuesto a instalar una Comisión de la Verdad, dijo el abogado de la viuda, Egmar José de Oliveira.

Policías del Batallón de Operaciones Especiales patrullan una calle durante la instalación de la Unidad de Mantenimiento de la Paz en el barrio Fazendinha, en los complejos Alemao, de Río de Janeiro. El programa es parte de los esfuerzos para acabar con la delincuencia y garantizar la seguridad para el Mundial de Futbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016Foto Reuters

La presidenta Dilma Rousseff, quien durante la dictadura fue encarcelada y sufrió tortura, oficializó en noviembre la creación de una Comisión de la Verdad.

Esta comisión, sin embargo, no pretende cuestionar una ley de amnistía de 1979, confirmada recientemente por la Corte Suprema, que libera de juicio a los torturadores.

Brasil reconoce oficialmente 400 muertos y desaparecidos durante el régimen militar, por 30 mil en Argentina, según organizaciones de derechos humanos, y más de 3 mil 200 en Chile. El reconocimiento oficial en Brasil de la muerte y desaparición de esas 400 personas, en un libro del gobierno del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, permitió abrir algunos juicios administrativos, que familiares aprovechan para conseguir instancias que ayuden a esclarecer lo que ocurrió.