Madrid, 16 de abril. España tomará medidas claras y contundentes ante una acción hostil y doblemente discriminatoria para una empresa española, advirtió el gobierno del conservador Mariano Rajoy mediante sus ministros de Asuntos Exteriores y de Industria, José Manuel García Margallo y José Manuel Soria, respectivamente. En respuesta a la iniciativa de expropiación por el Estado argentino de 51 por ciento de la empresa de hidrocarburos YPF, la administración española anunció que en unos días decidirá las consecuencias que esta operación tendrá en las relaciones bilaterales. Repsol afirmó por su parte que la expropiación es ilícita y gravemente discriminatoria.

La sede central de la empresa de hidrocarburos Repsol era un hervidero de reuniones privadas, a puerta cerrada y secretas, en las que había comunicación directa tanto con sus representantes en Argentina como con sus interlocutores con el gobierno español. La expropiación de YPF –que supone 20 por ciento del valor total y de negocio de Repsol– desató la preocupación, el malestar y la indignación en una parte del empresariado, la política y los medios de comunicación españoles. Pese a que prácticamente se siguió con el mismo interés y en directo la intervención del anuncio de la mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, desde la sede de la empresa afectada, Repsol, se mantuvo un silencio hermético hasta las 11 de la noche. No hubo comunicado ni declaración fuera de micrófono ni se informó de las reuniones que se mantenían en el edificio.

El presidente de Repsol, el empresario catalán Antonio Brufau, también se mantuvo en silencio hasta las 11 de la noche, cuando se informó al órgano regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), mediante los llamados hechos relevantes, en los que se expresó que la expropiación de es manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria, que no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma, y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF, violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional, por lo que se reserva expresa y plenamente todos los derechos y acciones que pudieran corresponderle conforme al derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el tratado de protección de inversiones Argentina-España.

La petrolera española –de la que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene 9.46 por ciento de acciones– informó además que el valor contable del 57.43 por ciento que posee de YPF es de 4 mil 122 millones de euros, al tiempo que informó que como consecuencia de la expropiación la deuda neta del Grupo Repsol se reducirá en mil 600 millones de euros.

Transeúntes pasan frente a las oficinas de Repsol en Madrid, ayer, tras el anuncio del gobierno argentino de recuperar 51 por ciento de la empresa de hidrocarburos YPF, controlada por la petrolera españolaFoto Reuters

Los intereses de Repsol fueron defendidos de inmediato por el gobierno español, que hace sólo tres días había amenazado a Argentina desde varios frentes con romper relaciones diplomáticas y comerciales. El canciller español matizó que este gobierno no toma decisiones importantes en reuniones de urgencia, pero sí advirtió que en unos días, España tomará medidas claras y contundentes.

El ministro de Industria, Soria, añadió que el gobierno considera la expropiación una decisión hostil, que supone una ruptura de las reglas del diálogo por el gobierno argentino, y esperó que esto no sea el principio de una escalada que sólo contribuiría a agravar más una situación ya de por sí grave. El gobierno y Repsol recibieron también el apoyo del principal partido opositor, el Socialista Obrero Español (PSOE), que envió comunicados de solidaridad.

No así las fuerzas de izquierda aglutinadas en el Congreso de los Diputados, como Izquierda Plural, que advirtieron que la expropiación no es un ataque a España, sino a una entidad privada de distintas nacionalidades, por lo que es una vergüenza que el gobierno español haya salido en defensa de la compañía. “No están enfrentados los intereses de dos naciones distintas, sino los intereses nacionales de Argentina y los intereses económicos de sujetos privados de distintas nacionalidades –y entre ellas, en menor grado, españoles–. Por tanto, es una falacia considerar esta medida económica como un ataque a España. Es una compra legal, que en todo caso podría estar minusvalorada, y que afecta a los intereses de unos sujetos económicos –grandes empresas y bancos– que no comparten beneficios con el resto de la sociedad”, explicó el diputado Alberto Garzón.

Desde Bruselas, al contrario de lo que esperaba el gobierno español, la Comisión Europea se limitó a dar un respaldo verbal a España, al advertir que carece de instrumentos jurídicos para actuar contra Argentina y que la medida no afecta el contenido del tratado bilateral rubricado entre la UE y el país del cono sur en 1990. Subrayaremos la necesidad de lograr soluciones de mutuo acuerdo que no dañen el clima de negocios y las relaciones entre la UE y Argentina, afirmó el portavoz de asuntos energéticos Karel de Gucht, quien añadió que legalmente es un problema bilateral y no existe ningún papel para la UE con base jurídica en relación con Argentina o algún tipo de mecanismo de arbitraje internacional.