l titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, calificó ayer de muy poco responsable y muy poco racional la decisión de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de enviar al Congreso de su país un proyecto de ley de expropiación de la empresa petrolera YPF, filial de la transnacional de origen español Repsol, en un esquema que distribuye la propiedad de la compañía en 51 por ciento para el gobierno federal y el 49 por ciento restante para las provincias productoras de hidrocarburos.

Con esas palabras altisonantes, contrarias a los usos diplomáticos y notoriamente improcedentes, el político mexicano da un paso más en sus expresiones de malestar ante la actitud soberana del gobierno de Buenos Aires en su confrontación con Repsol. Ya en días pasados, en territorio argentino, y con el evidente telón de fondo de la pugna entre el país anfitrión y la transnacional referida, Calderón había arremetido contra el intervencionismo estatal y las expropiaciones que han tenido lugar en diversas naciones del continente.

No debiera omitirse el dato de que el presidente español, Mariano Rajoy, y otros integrantes de su gobierno –que actúa más como defensor de los intereses empresariales que como representante de todos los españoles–, han montado en cólera por el ejercicio de soberanía efectuado por Argentina y que, como parte de sus acciones para impedir la expropiación, pidieron a Calderón Hinojosa que interviniera en el conflicto.

Otro aspecto que debe mencionarse es el sostenido apoyo que la administración calderonista ha brindado, en forma difícilmente explicable, a la transnacional energética: el actual gobierno federal mexicano le ha otorgado contratos multimillonarios que resultan lesivos para el interés nacional, le ha dado múltiples concesiones para la explotación petrolera, en contravención de los términos del artículo 27 constitucional; ha involucrado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en adquisiciones masivas de electricidad producida por esa y otras corporaciones extranjeras, en detrimento de los consumidores, y recientemente comprometió a Pemex en la adquisición de paquetes accionarios de Repsol, adquisición que tuvo visos de ser una suerte de rescate de la empresa, y que generó pérdidas considerables para el erario mexicano.

A la espera de conocer los compromisos ocultos –porque no están a la vista– que haya contraído el calderonismo con Repsol, y que han llevado a la actual administración federal de México a comportarse como su defensora oficiosa y su gran benefactora, es importante señalar que la decisión tomada por la Casa Rosada es una acción acorde con las necesidades de desarrollo del país austral, una aplicación legal y legítima del principio de soberanía y una decisión responsable, en la medida en que la filial argentina de Repsol había venido disiminuyendo año con año su producción de gas y petróleo y había forzado al país a realizar importaciones crecientes, que el año pasado ascendieron a más de nueve mil millones de dólares.

Con esas consideraciones en mente, es deplorable y vergonzoso que el gobierno mexicano, en vez de comportarse en forma solidaria con una nación hermana, haya optado por alinearse con el capital transnacional, haya transgredido las formas y las maneras de la diplomacia y se arriesgue incluso a provocar un incidente diplomático con tal de cuidar los intereses de un corporativo que tantas pérdidas ha causado a las finanzas públicas de México.