Culiacán, Sin., 16 de abril. La Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno de Sinaloa reveló que existen irregularidades en el manejo de unos 250 millones de pesos de los 835 millones que se destinaron a la entrega de indemnizaciones, diversas obras y proyectos productivos para los comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos. Advirtió que los responsables, servidores públicos o ciudadanos, serán castigados.

Juan Pablo Yamuni Robles, titular de la dependencia, informó que en dos semanas concluirá la auditoría a los fondos destinados a resarcir los daños provocados a los habitantes de poblados de Mazatlán y Concordia desplazados por la obra hidráulica, y los resultados serán turnados a la Secretaría de la Función Pública y a las procuradurías General de la República y de Justicia del estado.

La revisión de los recursos ejercidos incluye 2010 y 2011; de los cerca de 250 millones de pesos citados, se desconoce el destino de 13 millones. A inicios del presente mes, el gobierno de Sinaloa reveló que el faltante era de 17 millones.

Además se detectaron irregularidades como duplicidad de pagos, aunque tiene que determinarse si la responsabilidad es de la persona que recibió el pago o del servidor público que lo autorizó y otorgó.

Según la administración estatal, unas 800 familias han sido indemnizadas y beneficiadas con diversos apoyos, aunque entre 15 y 20 familias afectadas por la presa Picachos no habrían recibido ningún apoyo.

La cifra inicial de indemnizaciones pendientes era de 250 hectáreas, pero estudios recientes elaborados por peritos indican que hay otras 550, lo que significa que la cifra podría llegar a 800 hectáreas.

Autoridades estatales precisaron que de 2006 a la fecha se han pagado a los comuneros más de 835 millones, de los cuales 687 millones son por indemnizaciones y 166 millones 212 mil por obras y proyectos productivos.

Se utilizaron también 18 millones de pesos para apoyos a habitantes de Mazatlán y Concordia que no sufrieron afectaciones por la construcción de la presa.

Este lunes, comuneros del poblado de San Marcos, municipio de Mazatlán, impidieron el paso a funcionarios estatales que iban a instalar las mesas de negociaciones con los pobladores afectados con dicha obra hidráulica.

La comitiva fue encabezada por Jesús Manuel Marcial Liparoli, subsecretario de Gobierno estatal, quien acudió acompañado de policías ministeriales del estado a bordo de ocho patrullas.

Los funcionarios fueron interceptados por unos 300 campesinos. Con pancartas y a gritos les reclamaron la represión ejercida en su contra el 1º de abril, cuando realizaban una marcha y fueron detenidos cuatro dirigentes, entre ellos Atilano Román, actualmente presos en el penal de Culiacán.

¡No pasarán!, ¡Fuera, fuera! y libertad a los presos políticos, gritaban los inconformes. En una de las mantas se leía No queremos diálogo hasta que estén libres los cuatro encarcelados.

Marcial Liparoli afirmó que durante la presente administración estatal, encabezada por Mario López Valdez, ha continuado la entrega de apoyos a los afectados.

Además se revisan expedientes de 2 mil 300 familias a las que se han otorgado recursos, aunque los manifestantes señalan que son sólo 800 las beneficiadas.

Advirtió que las autoridades estatales pagarán de acuerdo con lo que estipula el Instituto Nacional de Bienes e Inmuebles, es decir entre 12 y 40 mil pesos por hectárea, y no los 616 mil pesos por hectárea que piden los labriegos.

Después de tres horas, los funcionarios se retiraron, varios molestos. Salieron de la zona escoltados por los agentes ministeriales.

Mientras, en una gira de trabajo por el municipio de El Fuerte, López Valdez criticó que los comuneros no hayan asistido a la mesa de diálogo.

La tarde de este lunes, alrededor de mil personas realizaron la Marcha de la Libertad –del palacio municipal de Mazatlan a la avenida del Mar– y un mitin en demanda de liberar a cuatro comuneros recluidos en el penal de Culiacán, detenidos cuando marchaban a Culiacán por las carreteras Maxipista y México-Nogales 15, el 1º de abril.

De los 45 detenidos cuatro siguen presos, luego de que un juez les negó la fianza y junto con la procuraduría del estado los consideró peligrosos para la sociedad.