Las inadecuadas políticas públicas en torno al agua que por años se han aplicado en México ocasionaron que hoy el país enfrente una situación crítica en ese rubro, aseguró Blanca Jiménez, coordinadora de la Red del Agua de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) e investigadora del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La crisis de este recurso es tal, subrayó en entrevista, que a diferencia de naciones de menor desarrollo, como Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, los mexicanos no pueden tomar agua de la llave. “Esto es un gran negocio para las embotelladoras que tienen 3 mil por ciento de rendimiento, pues un metro cúbico de este recurso (mil litros) cuesta entre dos y 20 pesos, y venden una botella de un litro en 10 pesos.

Si nos dieran agua de la llave, habría algún negocio que no se vería tan beneficiado. Esto debemos pensarlo; que el agua se beba de botellas significa que el recurso no es de buena calidad y que el país carece de una política correcta en materia de agua.

La especialista, quien ocupa la presidencia en México de la International Water Association, agregó que las políticas públicas han sido equivocadas, pues la inversión nacional en desarrollo y agricultura se realizaron en el norte y centro del país, mientras las grandes concentraciones del líquido se ubican en el sur. De ahí que sea costoso llevar el recurso natural en grandes cantidades a las zonas donde escasea.

A ello se suman las pérdidas por el mal estado del sistema hídrico. Indicó que el Distrito Federal y su área metropolitana reciben 62 metros cúbicos de agua por segundo, de los cuales 40 por ciento (28 metros cúbicos) se desperdicia por fugas.

Es enorme. Esta cantidad es equivalente a darle agua a 21 millones de habitantes más. Es verdad que no se puede recuperar todo el líquido que se desperdicia por fugas, pero con una política seria podríamos rescatar poco menos de la mitad de ese 40 por ciento, con lo que le llevaríamos el recurso a más de 5 millones de personas. Esto es, habría más agua que el déficit que existe en la capital del país y el área conurbada, que es de dos millones de habitantes.

Para Jiménez, es urgente que todos los actores gubernamentales concreten una política pública clara sobre cuál debe ser el papel del agua en el desarrollo del país. Para ello es necesario poner en los puestos claves a personal capacitado y con conocimiento de la temática.

No puede ser que cada seis años lleguen (a los puestos públicos) personas que no sólo van al escritorio, sino además deben aprender qué es el agua. Tardan mucho tiempo; a algunos les cae el veinte, pero otros pasan de noche y creen que hacen un gran papel. Esto está costando vidas. Se necesita una cabeza clara, ganas de hacerlo, mucha transparencia e interés.

Actualmente, dijo, las autoridades piensan que la solución para la crisis del agua es dar entrada a la participación privada, pero no piensan para qué el agua y el servicio deben seguir siendo públicos. Aunque esto no quiere decir que no haya inversión privada: por ejemplo, el gobierno no tiene capacidad para tapar fugas, entonces se puede contratar a una empresa que lo haga, pero con reglas claras, con una revisión pública y que realice lo que se le pida.