El juzgado cuarto de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal comenzó un juicio en contra de Néstor Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusado de un enriquecimiento ilícito por 33 millones 99 mil 292 pesos, mientras los abogados del ex funcionario se inconformaron con esa decisión judicial y pidieron a un tribunal unitario que le conceda el beneficio de libertad provisional bajo fianza.

A decir de fuentes judiciales consultadas, la juez Taissia Cruz Parcero consideró que la Procuraduría General de la República (PGR) demostró que el inculpado presuntamente admitió sobornos de compañías trasnacionales a cambio de conceder contratos millonarios de la CFE.

La juzgadora desestimó dos dictámenes que había aportado como prueba en su descargo la defensa de Moreno: uno en materia de contabilidad y otro de grafoscopía.

Con el primero, el ex funcionario pretendía demostrar que sus gastos de 2001 a 2010 correspondían a sus ingresos laborales; con el otro, buscaba acreditar que su firma fue falsificada en un documento de oferta para adquirir el yate Dream Seeker, cuya propiedad le atribuye la PGR. En los próximos días un tribunal unitario de la ciudad de México resolverá si ratifica o modifica el auto de formal prisión de la juez Cruz, y si concede a Moreno la posibilidad de que enfrente su proceso penal en libertad.

Al ex director de Operaciones de la CFE se le atribuye haber recibido un yate y un Ferrari en pago de un soborno.

El pasado 7 de abril, Néstor Moreno fue detenido en Hermosillo, Sonora, por elementos de la Policía Federal, y de inmediato se le trasladó al Reclusorio Oriente en el Distrito Federal para ponerlo a disposición del juzgado cuarto de distrito.

Durante el proceso, el inculpado deberá demostrar que adquirió con dinero lícito el yate –con valor de 1.8 millones de pesos–; el Ferrari Spyder, de 297 mil dólares; una línea de crédito por 170 mil dólares; pagos diversos por 600 mil dólares; un terreno en Los Mochis, Sinaloa, y otro, en el puerto de Ensenada, Baja California.

La acusación derivó de una denuncia presentada en 2005 ante la PGR por abogados de la trasnacional suiza ABB, la cual señaló a su propio directivo John O’Shea de pagar sobornos a funcionarios de la CFE.