En comisiones, el Senado aprobó reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de establecer una “promoción post mortem” para los elementos policiacos que pierdan la vida en el cumplimiento del deber.

En la exposición de motivos del dictamen –que se espera sea votada la próxima semana ante el pleno– se indica que en los pasados cinco años 289 policías federales perdieron la vida en la lucha contra el crimen organizado, cifra a la que deben sumarse los policías estatales y municipales también fallecidos en circunstancias similares.

La Comisión de Seguridad Pública, que preside el panista Felipe González, aprobó en esos términos la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, por la cual los elementos de las corporaciones policiacas del país fallecidos en enfrentamientos durante el ejercicio de sus funciones, serán ascendidos al rango inmediato superior.

Los legisladores señalan que es justo y legítimo reconocer a todos los que eligieron voluntariamente sobreponer la salvaguarda de la vida y protección de los derechos de otras personas por encima de su integridad física.

Desafortunadamente, destacan, esa participación se ha traducido en mayor número de enfrentamientos con integrantes del crimen organizado, lo que deriva en un elevado número de elementos policiacos gravemente heridos o que han perdido la vida.

De acuerdo con la minuta, las instancias responsables del servicio de carrera policial reunirán los elementos de juicio que acrediten las circunstancias extraordinarias y, de ser el caso, propondrán al secretario a cargo de la institución la promoción post mortem del policía.

La reforma faculta a la Secretaría de Seguridad Pública federal para remitir al Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe anual que contenga las consideraciones y valoraciones para el otorgamiento de las promociones otorgadas.

De esa forma, los beneficiarios de los policías ascendidos tendrán derecho a las prestaciones sociales correspondientes al grado inmediato superior concedido, independientemente de los años de servicio y años en el grado que hubiera cumplido.

Por otra parte, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública acordaron solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno de Nuevo León un informe sobre los avances en la investigación del incendio del casino Royale. Asimismo, requerir a las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, información sobre la atención a los lesionados y familiares de las víctimas.

El reporte deberá centrarse en el apoyo que las autoridades locales debieron desplegar en cuanto a la reparación del daño, gastos funerarios, asesoría jurídica, apoyo sicológico e indemnizaciones.