ueron cientos de miles las personas que acudieron al llamado de la octava huelga general convocada por las organizaciones sindicales en la España posfranquista. El motivo central, vox populi, era rechazar la reforma laboral aprobada por el gobierno del partido popular. Sindicatos mayoritarios y minoritarios, profesionales y nacionalistas, firmaron el llamamiento y participaron activamente.

El éxito alcanzado intentó ser escamoteado mediante una guerra de cifras. Para el portavoz gubernamental tuvo escasa incidencia. Mediante datos manipulados, que hicieron referencia al sector servicios y a la administración pública, se le calificó de fracaso, al subrayar que no superó 30 por ciento de la población trabajadora. Pero la realidad decía otra cosa. Además de las manifestaciones que colapsaron las grandes capitales en un número superior a 3 millones, la comprobación del éxito o fracaso de una huelga general se mide por el descenso industrial en el consumo eléctrico. En esta ocasión la reducción respecto de un día normal se situó en 87.7 por ciento, superando con creces el 71.4 por ciento de 2010, obtenido contra la primera reforma de Zapatero y el histórico 82.6 por ciento de 2002 con José María Aznar.

Ha sido un momento de gloria y reafirmación momentánea de las organizaciones sindicales, desacreditadas a la hora de reivindicar su papel protagónico en el mundo del trabajo. Pero los objetivos no eran mostrar el descontento ni llenar plazas, sino revertir el real decreto ley y forzar al gobierno a una negociación, buscando crear un nuevo marco de relaciones sociolaborales que pusiese sobre la mesa el mantenimiento de los derechos derogados con la reforma. Un acuerdo de mínimos, como el conseguido en la antesala de la huelga general entre la patronal y los sindicatos, donde no se contemplaban los recortes previstos en el nuevo real decreto ley. Pero las organizaciones empresariales prefirieron sumarse al articulado de la reforma, mucho más acorde con sus pretensiones, dejando en papel mojado lo firmado un mes antes.

La huelga general, en estas condiciones, era inevitable. No fue plato de buen gusto. Se trataba de echar pulso al gobierno y patronal juntos, y hacer sentir la voz de millones de parados y trabajadores, cuyo futuro no sólo es incierto, sino poco alentador. Lamentablemente, gobierno y empresarios han sido refractarios. Concluida la jornada, el día después no representó un cambio en sus postulados. Haciendo oídos sordos a la voz de los trabajadores, se mantiene arrogante y no está dispuesto a dar marcha atrás. Sin rubor, los ministros más afectados, de Hacienda, Trabajo y Economía e Interior, desplazaron 40 mil policías, tratando a los manifestantes como si fueran el enemigo público a combatir. Confluían, luían en sus declaraciones. Para ellos, millones de españoles en las calles protestando y paralizando el país no es argumento democrático, en tanto no coincidente con la voluntad popular expresada el 20 de noviembre de 2011 en las urnas, que le otorgaba al Partido Popular la mayoría absoluta para hacer y deshacer reformas. Por consiguiente, no había motivo para alterar el rumbo. El resultado electoral es para Rajoy, su gobierno y partido, y representa una carta blanca, al considerar el Parlamento el lugar sagrado donde reside la democracia. Si la democracia se ubica en el hemiciclo parlamentario, la reforma había sido aprobada por una mayoría de diputados, votando en favor 197 de los 350, cantidad superior a los 141 sufragios que rechazaban su entrada en vigor.

Por razones de calendario político, elecciones en las comunidades autónomas de Asturias y Andalucía, los presupuestos generales del Estado no se dieron a conocer por temor a perder votos. Pero no habían pasado 24 horas de la huelga general, el viernes 30 de marzo, una vez concluidas las elecciones en que el Partido Popular quedó lejos de conseguir sus objetivos, controlar Andalucía y Asturias, completando el mapa de poder autonómico, hizo públicos los llamados presupuestos de guerra. Para salir adelante y responder los designios de la Unión Europea, meten tijera y recortan 27 mil millones de euros. El objetivo, no superar 5.3 por ciento de déficit público. Para recaudar, la idea luminosa ya aprobada es conceder amnistía fiscal a los defraudadores y a las grandes fortunas, que han decidido evadir capitales. Medida acompañada por la subida de 3 por ciento en la retención del impuesto a las personas físicas, IRPF y la congelación de sueldos y salarios a los funcionarios de la administración pública, junto con la cantinela de privatizar lo poco y nada que queda, externalizando servicios y ahorrando en inversión social.

Y tras Semana Santa, una vez hecha la penitencia, el gobierno anuncia otro zarpazo al acordar un recorte suplementario de 10 mil millones de euros en sanidad y educación. Como señala Armando Tejeda, corresponsal de La Jornada en España en su crónica del 10 de marzo, estas medidas forman parte de un plan oculto, un programa no revelado a la sociedad, por parte de Mariano Rajoy, consistente en seguir desmantelando el ya deteriorado Estado de bienestar en España. Hoy, los niveles de pobreza superan 25 por ciento de la población. Los albergues y comedores populares, que años atrás atendían principalmente a la población migrante, hoy se ven desbordados por familias españolas, cuyos miembros han perdido el trabajo, no pueden pagar su hipoteca, son desahuciados y deben recurrir a la beneficencia para comer y obtener un techo donde cobijar a sus hijos. Son más de 10 millones, según Cáritas, las personas que están bajo el umbral de la pobreza, según su informe de 2010. Y la cifra sigue creciendo.

Los servicios públicos se desmantelan aceleradamente. Con la excusa de ahorrar y la coletilla de menos dinero invertido no supone deterioro de la prestación, se cierran centros de salud primaria, urgencias médicas en pueblos y se deja sin atención a 300 mil personas de manera directa, al negar financiamiento para hacer funcionar la ley de dependencia. Ya está en boca de todos el copago sanitario. Se trata de penalizar al usuario y disuadirlo de ir a las consulta médica cobrándole por cada cita. De esta forma los problemas se harán crónicos y el resultado será, como en otros países donde ya se implantó, catastrófico.

Enfermedades curables con diagnósticos precoces dan paso a cánceres terminales y un simple constipado acaba en pulmonía y bronquitis asmática. Suma y sigue. En educación, el deterioro de la calidad de la enseñanza no viene por la mala formación de los profesores, sino por la falta de medios para realizar sus tareas. La situación en comunidades como Madrid o Valencia, gobernada por el Partido Popular, donde han embargado material didáctico por falta de pago, cortándoles la electricidad, el teléfono y el gas, supone quedarse sin Internet, calefacción o luz.

España continúa su marcha hacia el siglo XIX. La huelga general, debemos decirlo, no logró torcer la mano de la derecha gobernante ni de los empresarios. Los recortes se imponen y será necesario repensar las formas de resistencia. La pregunta está en el aire: ¿y ahora, qué?