n consonancia con las últimas recomendaciones del FMI respecto al costo financiero de la longevidad, además de Enrique Peña Nieto y el rector de la UNAM, José Narro Robles, quienes suscriben ese minimalismo de la protección social denominado sistema de seguridad social universal –financiado vía impuestos generales con IVA elevado a 16 por ciento y generalizado a fármacos, alimentos y servicios sin excepción– lo han arropado también un representativo grupo de voces e intereses, sin agregar absolutamente nada al núcleo tecnocrático de la propuesta de esta singular política social.

Cuauhtémoc Cárdenas. En su propuesta programática Un México para todos señala: instrumentar una política social de derechos universales a la alimentación, educación, salud; llevar a cabo reformas de ley necesarias para hacer exigible ante el Estado el ejercicio de los derechos ya reconocidos en la Constitución al trabajo, a la salud; instaurar un sistema de seguridad social universal (salud, pensión de retiro, seguro de desempleo), no vinculado a la condición laboral (8/2/12).

Centro de Estudios Espinosa Yglesias. En un reciente estudio elaborado por el príísta Jorge Chávez Presa y Fausto Hernández Trillo (CIDE), suscrito por Juan Pardinas (IMCO) y el ex director del IMSS Mario Luis Fuentes, entre otros, también se contempla consolidar un solo sistema de protección social, más allá de la condición laboral de los beneficiarios (11/3/12).

Consorcio de Investigación Económica y Social (UNAM). Establecer un sistema universal de salud y protección social que no dependa de tener empleo formal, financiado con impuestos generales (24/3/12).

Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (UNAM). La noción de protección social universal que se propone implica adecuar el esquema limitado de seguro social que México adoptó en los años 40, restringido al trabajo formal y cuyos supuestos están siendo rebasados. Descansa en dos pilares: un sistema de salud pública de cobertura universal que se finque en un sistema público no fragmentado y financiado por medio de impuestos generales, y un sistema de protección al ingreso de los individuos y las familias frente a los costos o la pérdida de ingresos provocados por situaciones como maternidad, enfermedad, incapacidad, edad avanzada, viudez y orfandad con un esquema de prestaciones no vinculadas al trabajo formal” (27/3/12).

Consejo Coordinador Empresarial. En sus Propuestas para un programa de gobierno, establece la existencia de un sistema único de salud que se financie con impuestos generales al consumo y dejar de pagar las cuotas obrero-patronales, con lo que podría generarse más empleo (27/3/12).

Para decirlo en el lenguaje de las preguntas a los candidatos presidenciales de algunos intelectuales: Seguridad Social. ¿Estaría de acuerdo en transformar el sistema de seguridad social actual, basado en el empleo formal, en uno de protección social para todos los mexicanos, aunque implique aumentar los impuestos? Héctor Aguilar Camín, (30/3/12).

Hasta el momento, el tecnócrata Santiago Levy ha establecido con toda claridad el impacto impositivo: IVA generalizado, pero se resiste a detallar el catálogo preciso de prestaciones universales a que tendrían derecho los ciudadanos con capacidad de exigibilidad, como tanto gusta repetir Julio Frenk (Nexos, febrero, 2012; The New York Times, 6/4/12).

También es cierto que ninguno de los entusiastas promotores del sistema universal le han aportado una coma a ese catálogo mínimo ofertado por Levy.

Como ya ocurriera con Vicente Fox y Julio Frenk (Seguro Popular) y después con Calderón (Seguro Médico para una Nueva Generación), ahora el sistema universal Peña-Levy busca exactamente el mismo racionamiento ya incorporado a los catálogos esenciales de esos fallidos programas, aunque por una ruta diferente.

Como las de los panistas que tanto cuestiona, la agenda de Peña-Levy nace por tanto vencida: ignora cómo mejorar servicios o cómo poner al día el cuadro de prestaciones del México del siglo XXI. Peor aún: tampoco aspira a aprenderlo.

Bajísimo empleo de mala calidad, peores servicios y altos salarios para la alta burocracia institucional desde Fox (año 2000). Por ahí puede empezar el debate –no tecnocrático– de propuestas integrales sobre el futuro de la más extendida red de la seguridad social (IMSS-Issste) y que ya debería estar dispuesta para la cabal atención de las mayorías nacionales.

Un auténtico debate sobre su futuro debe iniciar denunciando la naturaleza esencialmente tecnocrática de las propuestas priístas y panistas que han reformado la red con pésimos resultados, justamente por esa naturaleza.

El debate puede superar esas soluciones de salida única y postular para todos la urgencia de ampliar el contenido y la escala del nuevo universalismo en consonancia con los requerimientos sociodemográficos del siglo, tal y como muestran las recientes reformas al Isssfam, única excepción a esas reformas tecnocráticas.

La propuesta Peña-Levy reproducida sin agregados por Narro y el referido listado de entusiastas promotores, se ubica fuera de aquello que importa a los ciudadanos colmados de derechos sociales universales: en la meta intermedia del financiamiento y el racionamiento tecnocrático de las prestaciones que amparan las actuales legislaciones IMSS-Issste y no en la meta final de todo Estado de bienestar: mejorar servicios y actualizar el cuadro de beneficios que a él corresponde.

Como las del FMI, la propuesta Peña-Levy y las de sus adherentes carecen de humanismo, perspectiva clínica y de cualquier estrategia para mejorar inmediatamente los servicios sin reforma financiera. El elector sabrá penalizarlas.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco