l 29 de octubre afirmé en estas páginas que durante muchos años las organizaciones de derechos humanos, organismos y expertos internacionales exigimos una reforma penal que garantizara la vigencia de los derechos humanos en México, de la mano con una reforma constitucional integral que estableciera el marco constitucional para tal efecto. Dije también que fuimos testigos de una reforma a nuestra Carta Magna, que si bien es positiva, no es lo suficientemente integral, pues no derogó las violaciones constitucionalizadas
que en el 2008 se incorporaron a su texto.
Expresé además que esas reformas se dieron entonces en el contexto de una reforma penal que establece el sistema acusatorio y recoge en gran parte las exigencias de las organizaciones civiles, pero que también plasmó un régimen especial que limita derechos de quienes son acusados de delincuencia organizada y permite la figura del arraigo. El propósito de la reforma es precisamente garantizar que un acusado tenga la oportunidad de defenderse con pleno respeto a sus derechos humanos, y que sean las pruebas que se desahoguen en el juicio las que determinen su culpabilidad. Para ello obliga al Ministerio Público a integrar debidamente una investigación. Afirmé también que en esa propuesta de reforma constitucional el Ejecutivo federal había planteado algunas figuras que afortunadamente no fueron aprobadas, porque diluían las facultades de investigación del Ministerio Público, incluían la facultad de los cuerpos policiacos para entrar a los domicilios sin una orden judicial, autorizaban a intervenir teléfonos y a violar correspondencia sin el debido control judicial.
En dichas modificaciones se estableció una temporalidad de ocho años, para que tanto la Federación como los estados modificaran sus códigos para crear la infraestructura necesaria para llevarla a cabo y determinar la manera en que sus órganos de procuración e impartición de justicia la llevaran a la práctica, lo que ya algunas entidades han venido haciendo con resultados distintos. Desde entonces observé que quienes defienden la política criminal que impulsa en el país el derecho penal del enemigo, aprovecharían estos intersticios para seguir pugnando por un régimen autoritario, aunque esté probado que esa política no funciona.
Como muestra de ello señalé el proyecto de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) que el Ejecutivo envió el 21 de septiembre a la Cámara de Diputados, el cual no sólo pretende recuperar los nefastos elementos ya mencionados, sino también impulsar entre otras cosas un procedimiento de investigación sin autorización judicial, que incluye el cateo por denuncia anónima, la revisión de personas y vehículos, y la intervención de comunicaciones sin autorización judicial.
Dicha propuesta no toma en cuenta las decenas de recomendaciones de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, ni las recomendaciones del sistema interamericano, ni la jurisprudencia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente las dirigidas al Estado mexicano, y no corresponde a las tres grandes reformas constitucionales promulgadas a partir del 2008: sistema penal acusatorio, derechos humanos y juicio de amparo. Fue por ello que el 22 de marzo, 83 organizaciones civiles de derechos humanos dirigieron una carta al presidente y a los integrantes de la Comisión de Justicia, pidiéndoles no aprobar un proyecto de reforma al CFPP basado en la propuesta presentada por el Ejecutivo federal, porque se aparta por completo de la reforma constitucional de 2008, y de hecho implica una regresión al modelo de justicia penal inquisitorio, bajo formalidades que quieren simular un modelo acusatorio.
Fue por ello también que el 27 de marzo reiteraron en la Cámara de Diputados la petición de no concluir la aprobación de ese dictamen, ya aprobado en lo general en la Comisión de Justicia, y de iniciar una consulta pública, informada y plural, antes de votarlo en lo particular al día siguiente. Gracias a estas gestiones, el 28 de marzo se acordó en dicha comisión la conformación de un comité técnico, con el fin de conjuntar las propuestas de la sociedad civil y de integrantes del PT y el PRD a un nuevo proyecto dado a conocer hace días que, sin embargo, no ofrecía modificaciones más que a cinco de los por lo menos 55 artículos lesivos a los derechos humanos de la propuesta anterior, sobre los que las organizaciones civiles hicieron observaciones fundadas y motivadas, y se pospuso por segunda vez la aprobación del dictamen para el martes 3 de abril.
También gracias a esto, a comienzos de esta semana especialistas en derechos humanos detectaron que ya se habían atendido algunas observaciones formuladas por las organizaciones la semana anterior a nueve de los artículos, aunque ampliando el catálogo de delitos graves que no requieren orden de aprehensión para detener a quienes presuntamente los hayan cometido, sin suprimir la posibilidad de que militares y marinos puedan realizarlas sin orden judicial, y dejando intocados otros aspectos contradictorios con un sistema de justicia penal acusatorio.
El miércoles pasado la Comisión de Justicia decidió aplazar por tercera vez la aprobación del dictamen con el nuevo CFPP, y su presidente concedió una semana de plazo para continuar el debate. Aceptó, además, reunirse al día siguiente con las organizaciones defensoras de derechos humanos para recibir sus propuestas, y se comprometió a abrir el proyecto a sus observaciones y a darles cuenta la próxima semana de lo que se integrará. Por el bien de la democracia, la paz y el bienestar de México, esperamos que lo cumpla.
