La Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) acusó al Gobierno del Distrito Federal (GDF) de embargar cuentas bancarias de contribuyentes que no tienen adeudos pendientes, motivo de dos recomendaciones que el organismo emitió este año y que las autoridades capitalinas se habían negado a aceptar.

Por la mañana, mediante un comunicado, la Prodecon señaló que la Tesorería del GDF incurre en prácticas excesivas que no han sido observadas en las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente del gobierno federal, con las cuales viola los derechos humanos y garantías individuales de los contribuyentes.

En casos similares, las autoridades del SAT han procedido conforme a derecho, levantando los embargos que fueron conocidos por la Prodecon, con lo que se han mostrado respetuosos de su intervención, por lo que sorprende la actuación de las autoridades del GDF, que sólo ejercen facultades coordinadas en el cobro de impuestos federales.

Precisó que la recomendación 02/2012 se refiere a un ciudadano, que, sin tener adeudos con la tesorería capitalina, sufre la inmovilización de todas sus cuentas, bajo el argumento de que no está localizable en su domicilio.

La Prodecon documentó que el contribuyente presentó en tiempo y forma su aviso de cambio de domicilio al estado de México y, pese a la recomendación que emitió para el GDF, el director de revisiones fiscales de la Tesorería, Francisco Javier Guzmán Yáñez, se declaró incompetente para levantar el embargo.

No obstante, es la orden del GDF la que mantiene el embargo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), asentó.

Por la noche, la Prodecon informó que la Tesorería capitalina aceptó la recomendación arriba citada y ordenó levantar el embargo precautorio a las cuentas bancarias del contribuyente.

La titular de la procuraduría, Diana Bernal Ladrón de Guevara, reconoció la disposición de los funcionarios del gobierno capitalino que intervinieron para resolver dicho problema.

En tanto, el tesorero Emilio Barriga aclaró que el aseguramiento de cuentas precautorias se realiza en apego a la ley y sólo en el caso de contribuyentes omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que además impidan, se opongan u obstaculicen el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación y no de manera arbitraria.