La Cámara de Diputados aprobó de nueva cuenta una reforma a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con la finalidad de que ésta elabore un registro nacional de pueblos y comunidades, a partir del cual se definan las políticas públicas para su atención.

Esta obligación había sido suprimida por el Senado en octubre de 2011, cuando revisó la minuta que le enviaron los diputados en marzo del mismo año y, al ser reincorporada ayer, la reforma fue devuelta para que los senadores decidan su ratificación.

Durante el debate sobre el ajuste, diputados de PRD y PT argumentaron que este registro altera el sentido de la autodeterminación de los pueblos indígenas, así como los acuerdos de San Andrés Larráinzar, además de que es insuficiente en el reconocimiento de los derechos de las comunidades.

Al argumentar en favor del dictamen, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Jorge González Ilescas (PRI), refirió que los senadores decidieron que la base de datos sólo contenga información detallada de los pueblos y comunidades indígenas, con datos que aporten los estados e instituciones educativas, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

El priísta sostuvo que este registro es necesario para superar las quejas de indígenas, autoridades municipales y dirigentes sociales que, cuando tratan de gestionar beneficios para sus pueblos, se encuentran con la negativa de atención con el argumento de que su comunidad no cuenta con el porcentaje suficiente de población indígena.

Domingo Rodríguez Martell (PRD) sostuvo que el registro de población indígena es una mala copia del registro nacional de vehículos, que ya desapareció, y añadió que de aplicarse pasaría por encima de los derechos de la comunidades.

Jaime Cárdenas (PT) evaluó que la reforma es insuficiente para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y viola el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas, establecido en la Constitución, de decidir sus formas de convivencia, porque ahora se centralizan decisiones en la autoridad civil.

La diputada Laura Itzel Castillo (PT) planteó que el dictamen debía ser devuelto a la comisión, para conocer la opinión de las comunidades indígenas.

Si se aprueba este registro sólo vamos a clasificar a los pueblos y desde el gobierno se va a determinar a quién se le considera y a quién no. En los hechos se promoverá la discriminación, destacó.