La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que los gobiernos de los estados y del Distrito Federal no soliciten requisitos extraordinarios a las empresas de seguridad privada para operar; incluso se suprimió la prohibición para que los propietarios de estas compañías y guardias de seguridad sean sólo mexicanos.

Durante la sesión, en la que también se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del diputado Juventino Castro y Castro (PRD), diputados del Partido del Trabajo calificaron la reforma como la apertura a la participación de mercenarios extranjeros. Resalta que la cláusula de exclusión de ciudadanos de otros países en tareas de seguridad privada ha restringido estos servicios y, en consecuencia, incrementado el riesgo de inseguridad en el país.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando (PAN), argumentó que no existe ninguna disposición legal que limite o restrinja la prestación de servicios de seguridad privada como actividad económica reservada de manera exclusiva a ciudadanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión a extranjeros.

Aunque el Partido de la Revolución Democrática votó la reforma, el diputado de ese partido Arturo Santana consideró que debía mantenerse la prohibición, así como los controles estrictos que se requieren en la legislación.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia sostuvo que la Cámara no sólo permitía la privatización y extranjerización de la seguridad pública, sino que ahora intervengan trasnacionales de la seguridad. Se trata de que empresas como Panamericana de Seguridad estén legalizadas y puedan contratar a mercenarios extranjeros, como ya se hace, por cierto, en el norte de la República.

Aunque el dictamen aprobado señala que en un análisis realizado sobre los requisitos que los estados y el Distrito Federal exigen para autorizar la operación de compañías de seguridad privada, se detectaron hasta 114 diferentes, los considerandos argumentan que el límite a la participación de extranjeros es el principal obstáculo a la apertura de ese tipo de empresas.

Al respecto, refirió que las leyes de seguridad pública y de servicios privados de Guerrero, Jalisco, Quintana Roo y Tlaxcala, y hasta el año pasado la del estado de México, incluyen cláusulas de exclusión de extranjeros para empresas de seguridad privada.

Este tipo de cláusulas, señaló, generan la posible interposición de controversias constitucionales ante la Suprema Corte.

Asimismo, se votó una modificación a la Ley del Servicio Postal Mexicano, que tiene como objeto frenar la degradación del correo nacional. Sin embargo, el cambio sólo señala que Sepomex garantizará la continuidad y modernización con tecnologías de la información y comunicación, gestionando nuevos productos y servicios que permitan agilizar la recepción, transportación y entrega de correspondencia.