Mazatlán, Sin., 10 de abril. Octavio Atilano Román Tirado, José Isabel Osuna Lizárraga, Óscar René Osuna Díaz y Hortensia Gutiérrez Zamora, comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos, fueron declarados formalmente presos, acusados de ataque a las vías generales de comunicación por el juzgado séptimo penal en Culiacán, donde fueron recluidos el pasado 1º de abril tras una protesta sobre la carretera de cuota Mazatlán-Culiacán.

Un abogado de los comuneros, Julio Lozano Bailón, informó que a las 22 horas del lunes el juez del séptimo de distrito notificó a los inculpados presos en el penal de Culiacán la resolución, y posteriormente a los representantes jurídicos y a los familiares que esperaban afuera del juzgado. Precisó que tendrán tres días hábiles para apelar del fallo o ampararse contra el dictamen, pues existen diversas irregularidades en el proceso.

En tanto, la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) giró órdenes de presentación a los comisarios de las pueblos de Las Iguanas, Modesto Páez; Alberto Moreno de Casas Viejas Concordia, y Óscar René Osuna de San Marcos, de la sindicatura de La Noria, en Mazatlán, para declarar con base en una averiguación previa referente a la ocupación de áreas donde se construye la presa.

El abogado Pedro Velázquez informó que solicitó a la PGR ampliar el plazo para la presentación de los comisarios, debido a que Óscar René Osuna es uno de los encarcelados y los otros permanecen en Culiacán reclamando las pertenencias que les fueron aseguradas el pasado 1º de abril, tras la marcha y el desalojo de las carreteras internacional libre México 15 y de cuota Mazatlán-Culiacán.

Al respecto, el gobernador del estado, Mario López Valdez (Malova) manifestó que no intervendrá en favor de los comuneros presos, porque la ley es la ley y hay que aplicarla.

Entrevistado en Culiacán, dijo que no será la presión social la forma de cabildear o de negociar con las autoridades el asunto de los comuneros afectados por la construcción de la presa.

Tras conocer el fallo, el dirigente de los inconformes, Atilano Román Tirado, declaró que los juicios penales contra los afectados por la construcción de la presa están basados en mentiras y tienen por objetivo amedrentar al movimiento. En declaraciones a medios locales, el dirigente retó al gobernador a acusarlo con pruebas reales.

El subdirector de gobierno, Jesús Antonio Marcial Liparoli, adelantó que a partir del 16 de abril encabezará una oficina móvil en los pueblos, con al menos cincos secretarios estatales, para que los afectados planteen directamente sus exigencias.