Pyongyang, 9 de abril. Pese a las condenas de la comunidad internacional, Corea del Norte, que se encuentra bajos severas sanciones, anunció que llevará a cabo esta semana el lanzamiento de su cohete Unha-3, oficialmente para poner en órbita un satélite de observación terrestre.

En una inusual medida, Pyongyang mostró el domingo a la prensa internacional la nueva estación de lanzamiento Sohae, cerca de la frontera con China, donde se desarrollan tareas para preparar el cohete y su satélite.

El cohete de tres pisos se encontraba en la plataforma de lanzamiento, listo para su despegue, como tiene previsto el gobierno, entre el 12 y el 16 de abril, en coincidencia con las celebraciones del aniversario 100 del natalicio del fundador de la República Democrática de Corea, Kim Il-sung, medida que ayudaría a consolidar el prestigio de su nieto Kim Jong-un, quien asumió el poder en diciembre.

El propulsor del segundo piso debería separarse en el mar al oeste de Filipinas, a unos 3 mil kilómetros del lugar de lanzamiento, y expertos dicen que representa el primer punto en que algo podría salir mal para el cohete.

Japón pone baterías en alerta

Estados Unidos, Corea del Sur y Japón denuncian el lanzamiento como una prueba disfrazada de misil balístico de largo alcance, por lo que Tokio puso sus baterías antimisiles en alerta para derribar el cohete si se desvía de su ruta.

Ellos han avanzado mucho en cuanto al alcance, pero aún necesitan resolver la tecnología de precisión necesaria para el reingreso y la guía (de una ojiva), afirmó un funcionario militar sudcoreano.

Estados Unidos consideró mala idea el plan de Corea del Norte de lanzar su cohete, y pidió a China que presione a su aliado norcoreano para que desista.

En Corea del Sur, un escándalo de espionaje que involucra a empresarios, sindicalistas y políticos, en el que el gobierno podría estar implicado, llegó a la campaña electoral de los comicios parlamentarios del miércoles, lo que aumentó la desconfianza frente al partido del gobierno, el Saenuri.

Desde que el sindicato de la televisión pública KBS develó hace unos días documentos sobre más de 2 mil 600 casos de vigilancia y espionaje, el tema saltó a la campaña, pues los más afectados por el supuesto espionaje serían ciudadanos críticos con el gobierno, del mundo de los negocios, la prensa, los sindicatos o la política.