Monterrey NL, 9 de abril. La Procuraduría de Justicia del estado arraigó a ocho elementos de la Fuerza Civil estatal por su presunta participación en el abuso sexual contra dos menores detenidas el pasado 17 de marzo, durante un patrullaje de rutina en el sector norte de Monterrey.

El gobernador del estado, Rodrigo Medina, dijo que de ser culpables de violación los agentes policiacos recibirán castigo ejemplar, pues ha costado mucho al estado lograr una policía acreditable, por lo que hay un seguimiento estricto a dicha corporación.

Fuerza Civil fue creada por el gobierno de Nuevo León en septiembre de 2011, para devolver la tranquilidad a los habitantes del estado y tener una policía libre de corrupción y bien pagada que gane el apoyo y confianza de sus habitantes, se aseguró en su momento.

Tras calificar el posible delito como traición doble para Nuevo León, el mandatario se comprometió a deslindar responsabilidades e imponer castigo ejemplar.

Los ocho elementos estatales fueron arraigados a petición del Ministerio Público que investiga el ataque sexual, denunciado por una compañera de los presuntos participantes en el delito.

La uniformada reportó la agresión a sus superiores, quienes solicitaron la intervención del Ministerio Público para abrir una investigación, la cual continúa para determinar si no hay más implicados.

Los presuntos agresores sexuales fueron identificados como Abdón Vázquez Martínez y Salvador Salinas Zermeño; un tercer elemento que habría participado indirectamente está prófugo y su nombre no fue dado a conocer.

Los supuestos encubridores arraigados son Diego Reyes Rodríguez, Rubén Darío Ochoa García, Jorge Martínez Ramírez, Jesús Reyna Martínez, Ana Lucía García Tristán y David Moisés García. Todos fueron arrestados el pasado 28 de marzo por elementos de la Fuerza Civil.

Según se informó, la madrugada del pasado 17 de marzo, durante un patrullaje de rutina, los oficiales habrían detenido a las jóvenes por una supuesta falta administrativa, pero fueron ultrajadas y luego liberadas.

La mañana de este lunes, tras iniciar la campaña de donación de órganos, en cuyo padrón de donadores se enlistó el gobernador Rodrigo Medina, expresó la molestia que causó en el gobierno el delito que originó el arraigo de los policías.

Para nosotros es traición doble porque estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para reclutar la mayor cantidad de gente; nos ha costado mucho tiempo, muchos recursos públicos; les estamos dando un uniforme y placa (...) una gran responsabilidad, para que después salgan con este tipo de situaciones que no vamos a permitir, advirtió Medina.

No es el primer caso en que elementos de Fuerza Civil se ven involucrados en ilícitos. El 19 de febrero Marcos Estrada Marroquín también fue arraigado e internado en el penal de Topo Chico acusado de robar un celular y un iPod en una casa de Monterrey, cuando la corporación atendió la activación de una alarma.