La presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales, y el diputado Horacio Martínez dieron a conocer la iniciativa de Ley para el Tratamiento Jurisdiccional de las Adicciones, que será presentada mañana ante el pleno, la cual busca que los primodelincuentes adictos y que no hayan cometido ilícitos graves sean enviados a un centro de tratamiento certificado, no a la cárcel.

La justicia terapéutica considera la adicción un problema de salud pública, no un delito. Busca rehabilitar a los inculpados bajo la supervisión del Tribunal de Tratamiento para las Adicciones por un máximo de 2 años o regresarlos a prisión a cumplir sus condenas; bajar la reincidencia delictiva mediante la disminución o eliminación del consumo de drogas o alcohol, y lograr su reinserción social.

Las personas elegibles –incluidos adolescentes recluidos, que en 80 por ciento de casos cometieron delitos bajo los efectos de alguna droga– serán las que ya hayan recibido formal prisión, reparen el daño a la víctima, sean primodelincuentes, manifiesten voluntad de someterse al proceso y no hayan cometido ilícitos graves, explicaron los legisladores.

De aprobarse, será la primera ley en el país que dará tratamiento jurídico al problema de las adicciones, el cual ha crecido a grado tal que ocupa el segundo lugar entre reclamos y preocupaciones de los capitalinos; el primero es la inseguridad pública, afirmó la legisladora ante representantes de la Organización de Naciones Unidas y funcionarios de la administración capitalina.

Las adicciones no son vicio, no son conducta delictiva, sino enfermedad cerebral crónica, progresiva y que requiere atención, comentó el director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, Rafael Camacho Solís, al señalar que 37 por ciento de presos en cárceles capitalinas cometieron algún ilícito bajo el efecto de una droga, por lo cual debemos ir al fondo del asunto y espero que la próxima legislatura destine recursos suficientes para la infraestructura requerida.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, señaló: Es necesario que los legisladores contemplen un presupuesto. No pensamos hacer el ridículo como con los jueces de ejecución de sanciones, pues sólo tenemos dos de 25. En esto se requiere capacitar entre cinco y 10 jueces que lleven los procesos y verifiquen que los institutos aplican el tratamiento.

Hoy, 80 por ciento de juicios penales son por robo. De éstos, 40 por ciento de involucrados estuvieron bajo el efecto de algún estupefaciente y la aplicación de la justicia terapéutica ayudaría a resolver el problema. Sólo en Estados Unidos la implementación de ese programa, denominado cortes de drogas, ha abatido la población penitenciaria y disminuido la reincidencia delictiva, puntualizó.

Mencionó que el Consejo de la Judicatura solicitará este martes la realización de un estudio estadístico sobre cuántos primodelincuentes son adictos para determinar el número de juzgados.

En una primera etapa se atendería a 2 mil personas.