No obstante que en los pasados 11 años el presupuesto destinado al sector forestal creció en 3 mil 200 por ciento, la superficie aprovechada legalmente se redujo una tercera parte y por cada peso de madera producida en el país se importan cuatro.

La Política de plataforma forestal para el futuro de México fue elaborada por G-Bosques, grupo integrado por expertos y organizaciones como el Consejo Civil Mexicano por la Silvicultura Sostenible, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras.

La propuesta indica que a partir de 1986, cuando México suscribió el Acuerdo General de Aranceles de Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), comenzó la pérdida constante de competitividad, con un saldo de regiones completas en condiciones de quiebra económica y miseria, donde los dueños de los montes dejan de tener suficiente interés por cultivar y defender sus tierras forestales, condiciones que en muchos casos han favorecido la toma de control por parte del crimen organizado.

Señala que las localidades ubicadas dentro de las regiones forestales tienden a tener menor población, así como “las condiciones de desarrollo y bienestar más deprimidas dentro del contexto de pobreza extendida que priva en el medio rural.

Desde hace más de dos décadas la política pública hacia el campo optó por los productores medios y fundamentalmente grandes como beneficiarios e interlocutores, relegando a los productores familiares a una política asistencial de transferencias condicionadas como subsidios al consumo. En consecuencia, durante estos años las empresas sociales han enfrentado severas limitaciones para la construcción de capacidades, técnicas, organizativas y de mercado.

El documento precisa que en 2010 había un déficit de 4 mil 500 millones de dólares en la balanza comercial, mientras la demanda interna de productos forestales ha mantenido un ritmo creciente. Para atender la situación del sector propone cinco líneas estratégicas y 46 acciones.

Señala que el Manejo forestal comunitario es una opción indispensable para el desarrollo sustentable de los territorios y de las poblaciones, y la producción a partir de este esquema es viable en un mercado abierto, es la estrategia más eficaz para conservar el uso forestal de las tierras y asegurar la provisión de los servicios ambientales.

Los cinco puntos que la política en la materia debe incluir son la promoción del aprovechamiento forestal con la mayor cantidad posible de beneficios para la población y el impulso a las cadenas de valor en manos de los dueños de los recursos forestales.

Asimismo, la garantía de conservación, mejora y, en su caso, aumento, de los bienes y servicios ambientales, basada sobre todo en el uso productivo y, en segundo lugar, en esquemas de restricción de acceso a los recursos naturales, establecidos con criterios objetivos, concertados y con las compensaciones adecuadas.

Otro punto es el protagonismo incluyente de los dueños y poseedores de las tierras forestales, en el diseño y ejecución de las políticas ambientales, así como hacer adecuaciones en la acción gubernamental y el marco normativo para proveer de caminos, servicios básicos y condiciones para la competitividad territorial, como la aplicación de la ley, reducción de la corrupción y control del contrabando forestal y otras formas de crimen organizado.

El quinto punto que plantea es la articulación de los aprovechamientos de recursos forestales y áreas de aptitud forestal con otras actividades y procesos, que ocurren en los territorios rurales.

Para avanzar en estos objetivos, propone una agenda organizada en el desarrollo del potencial productivo forestal del país, tanto en la silvicultura como en una industria forestal local y regional con alta generación de empleo; conservar y mejorar los ecosistemas forestales con su manejo comunitario; mejorar el desempeño gubernamental, y mejorar el marco jurídico y de regulación.