Somos como las semillas en la tierra, esperamos el buen temporal para resurgir, dice Emilio López, jornalero sinaloense, quien no cesa de preguntar a líderes de diversas organizaciones campesinas cómo puede recuperar su parcela que rentó por un periodo de 15 años.

Menciona que cada uno de los ejidatarios de La Laguna que hace una década vendieron o rentaron sus tierras a agroempresarios, por necesidad, ahora quieren recuperarlas.

Al igual que ellos, 15 ejidatarios de La Joya, en Torreón, Coahuila, buscan recobrar las parcelas que por 14 mil pesos, cada uno, cedieron en arrendamiento durante 30 años a un particular. A tres años de realizar el trámite y con apoyo jurídico buscan un recoveco en la ley agraria para poder deshacer el convenio.

Otros. como los habitantes del Nuevo Centro de Población Agraria Benito Juárez, mantienen una disputa jurídica con Pemex y con Patricio Braniff Suinaga para evitar ser despojados de casi 300 hectáreas. Esperaron ocho años para que se ejecutara la resolución presidencial de 1967 y obtener el plano definitivo. Los indígenas zoques de Los Chimalapas, Oaxaca, no cesan en su exigencia para que los chiapanecos respeten sus bosques; en la meseta Purépecha, Michoacán, siguen latentes los conflictos entre comunidades.

En Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Sonora, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Campeche, Yucatán, Coahuila y estado de México, principalmente, está resurgiendo la lucha por recuperar las tierras rentadas, vendidas u ocupadas. Se está gestando un movimiento soterrado por rescatar la tierra ante el burocratismo e indolencia de las autoridades agrarias, explicaron líderes de organizaciones campesinas.

Cientos de casos sin solución

Aseguraron que el legado de Emiliano Zapata Salazar: La tierra es de quien la trabaja, sigue vigente. Consideraron inexactos los datos de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) de que sólo hay 450 asuntos pendientes por resolver, pues hay cientos de casos derivados del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) que no se atendieron.

La Secretaría de la Reforma Agraria, responsable de ejecutar y resolver la problemática social del sector, diseñó normas jurídicas, la mayoría de ellas imposibles de cumplir por los campesinos, para alargar la solución a los conflictos, a pesar de tener conocimiento de que dicha problemática no tiene solución en el marco jurídico actual, aseveró Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, la cual desde septiembre de 1997 presentó un expediente con 473 casos de resoluciones presidenciales, expropiaciones, de regularización de colonias agrícolas, terrenos nacionales, de posesiones precarias y de posesiones irregulares, los cuales hasta la fecha no se han resuelto.

Los gobiernos del PRI mintieron al levantar la bandera blanca del reparto agrario, con la cual dieron por concluido el proceso y los gobiernos del PAN desatendieron el compromiso pactado en el ANC, referente a la solución de la totalidad de los conflictos, abundó Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.

La aspiración de la gente a tener un pedazo de tierra para cultivar no es un asunto menor; pobladores de diversas localidades del país demandan que les entreguen terrenos nacionales y que los precios asignados por la SRA sean simbólicos o incluso se otorguen con el compromiso de sembrarlos y cultivarlos. “La exigencia de la organización –que tiene presencia en 28 estados– es que el gobierno establezca una ruta para concluir con todos los conflictos y regularizaciones de la tierra en favor de los campesinos. En nuestro caso hay 600 asuntos pendientes por resolver, sobre todo en estados del sureste”, expuso.

Gerardo Sánchez García, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, afirmó que el campo es “un enorme foco rojo, resultado del abandono y del despojo de tierra a campesinos e indígenas por empresas extranjeras, principalmente españolas y canadienses. La víspera del 93 aniversario de la muerte del Caudillo del Sur, dijo que en este gobierno los conflictos agrarios en lugar de solucionarse reaparecen.

José Jacobo Femat, dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, refirió que campesinos de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora que hoy son jornaleros porque rentaron sus tierras mantienen la esperanza de recuperar sus parcelas, por ser su alcayata de sobrevivencia, a pesar del ambiente de adversidad. Agregó que la organización tiene 80 casos sin resolver.