Desde hace seis años la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene abiertas 44 averiguaciones previas derivadas de denuncias interpuestas por políticos o servidores públicos que fueron víctimas de espionaje telefónico, pero hasta el momento sólo una ha sido consignada ante un juez federal, aunque el caso aún no concluye con sentencia condenatoria, revelaron fuentes ministeriales.

La mayoría fueron interpuestas en delegaciones de la PGR de cinco estados entre 2009 y el mes pasado. Veintinueve en el Distrito Federal, siete en Jalisco, cinco en el estado de México, dos en Quintana Roo y una en Tamaulipas.

En este año han sido presentadas al menos cinco, de las cuales destaca la que el 31 de enero pasado interpuso el equipo de campaña de la candidata del PAN a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota.

Sus abogados acudieron ante el Ministerio Público Federal luego de que en las redes sociales se difundió una grabación en la que llamó patán a su entonces contrincante Ernesto Cordero.

Otra fue el mes pasado, cuando se hizo pública otra conversación entre la panista y su coordinador de redes sociales, Agustín Torres.

Ambas ya fueron ratificadas por los abogados, pero en las averiguaciones previas aún no se tienen detectados a los presuntos responsables de esos hechos, dijeron las fuentes judiciales consultadas.

El episodio que denunció el equipo de Vázquez Mota refleja el típico modus operandi en México: el espía interviene los teléfonos, graba y semanas o meses después difunde, cuando lo considera políticamente oportuno.

En el actual periodo electoral no ha sido el único audio incómodo en la precampaña panista. El 24 de enero pasado se dio a conocer una grabación en la que el secretario de Gobierno de Sonora, Roberto Romero, amenaza a trabajadores del gobierno estatal con perder su trabajo en caso de que no apoyaran a Ernesto Cordero, a quien calificó de proyecto del Presidente. Tras la divulgación, Santiago Creel denunció al funcionario ante la PGR y a Cordero ante la comisión de elecciones del PAN.

El 2 de febrero anterior, dos días antes de la elección interna, se difundió el audio de una conversación telefónica en la que Germán Martínez, quien apoyaba públicamente a Vázquez Mota, cuenta a otro panista el siguiente chiste: “Llega Blake al cielo. Se encuentra a Juan Camilo, y le dice: ‘uta, estaríamos mejor con López Obrador’”.

La difusión de la charla fue notificada a la PGR en la ampliación de la denuncia, presentada por Roberto Gil, pero la indagatoria es incipiente.

En esos días se filtraron al menos dos audios más con pláticas privadas entre panistas que no llegaron a las primeras planas ni a la radio.

Hasta el momento la única denuncia que ha tenido respuesta y ha sido consignada ante tribunales es la que en 2008 interpuso el senador del PRI Manlio Fabio Beltrones por espionaje. Sin embargo, aunque el Ministerio Público ya consignó el expediente y al menos seis personas han sido procesadas, hasta el momento no hay sentencia.

Otros políticos que han denunciado espionaje son los también senadores Santiago Creel y Claudia Corichi; el ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera y la dirigente sindical de los maestros Elba Esther Gordillo, pero sus averiguaciones siguen pendientes.

Además, el pasado 24 de enero la PGR recibió una denuncia de la Cámara de Diputados tras el hallazgo de micrófonos en las oficinas de la Mesa Directiva.

Luisa María Calderón, hermana del Presidente, también fue exhibida en un audio. El 20 de febrero el líder nacional del PRI difundió una grabación que llevaba días en Internet y medios locales.

Dicha grabación fue hecha en 2011 y corresponde a una reunión de la hermana del Presidente con su equipo de campaña, en la contienda interna por la candidatura del PAN a la gubernatura de Michoacán. En el audio se escucha a Calderón instruir a su equipo a responder con billetazos a los billetazos que supuestamente estaría entregando su rival panista, Marko Cortés.

De acuerdo con funcionarios de la PGR, la mayoría de las averiguaciones previas que se inician en la dependencia concluyen con una resolución de no ejercicio de la acción penal, lo cual significa que las denuncias penales que dieron pauta al inicio de una indagatoria concluyen en el archivo.