El discurso del gobierno federal en defensa de los derechos humanos no concuerda con sus acciones, advierte la organización Brigadas Internacionales de Paz. Plantea, ante los comicios de julio, que los candidatos deben tomar en cuenta en sus programas la protección de las garantías fundamentales, en particular las de los defensores, cuya labor es base del desarrollo democrático.

La agrupación internacional, que durante los pasados 18 meses ha trabajado en acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos, así como a activistas y organizaciones civiles en Guerrero y Oaxaca, señala que aunque las administraciones federal y de los estados mencionados se manifiestan en favor de respetar y hacer valer las garantías, se observa falta de apego a las normas internacionales en la actuación de los cuerpos de seguridad.

Ejemplo de ello, dice, es el asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en diciembre de 2011, durante una manifestación en la cual participaron policías federales, estatales, municipales y ministeriales. El reporte preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que hubo grandes violaciones al derecho internacional, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, tortura y ejecución extrajudicial.

En el informe de actividades de 2011, Brigadas Internacionales por la Paz menciona que en Oaxaca, aunque el gobernador Gabino Cué ha mostrado disposición para colaborar con las organizaciones civiles, continúa el descontento por la persistencia de la impunidad, la falta de aplicación de nuevas políticas y la creciente explotación de recursos naturales por la construcción de parques eólicos o proyectos mineros.

En cuanto a la protección para defensores y defensoras de derechos humanos, la organización reconoce la actuación del presidente Felipe Calderón al firmar un decreto de creación de un Mecanismo de Protección por conducto de la Secretaría de Gobernación (SG). Sin embargo, a casi nueve meses no se han concretado los lineamientos para la aplicación de dicho instrumento.

Indica que el diálogo entre la SG y las agrupaciones civiles no siempre ha llevado a los resultados esperados por los defensores, especialmente a la hora de insertar unos mínimos en los lineamientos y protocolos del mecanismo para que responda a sus necesidades y asegure una mejor aplicación de las medidas de protección, señala la ONG, al tiempo que plantea su disposición para mantener y extender sus actividades de acompañamiento a otros estados de la República.