Saltillo, Coah., 7 de abril. Los casos de desaparición forzada se acumulan en la entidad y ninguno de los 230 que en cinco años documentó Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) ha sido resuelto por la Fiscalía General del Estado ni por la Procuraduría General de la República (PGR), aseguró Diana Iris García, activista de esa organización civil.

Además de la apatía para resolver estos casos, se demuestra que las autoridades han sido omisas en las indagatorias, pues no son suficientes las pistas ni los datos que aportan los familiares de los desaparecidos. Se han dado datos (a las autoridades estatales y federales) de casas de seguridad donde podrían estar obligando a esas personas a realizar trabajos forzados y no se ha hecho nada, aseguró.

Diana es madre de Daniel Cantú Iris, cuya desaparición ocurrida el 21 de febrero de 2007 fue la primera que documentó la Fuundec.

En esa fecha, Cantú Iris viajaba rumbo a la zona marmolera del ejido Paredón, en el municipio de Ramos Arizpe, junto con su jefe, el empresario minero Francisco León García, originario de Gómez Palacio, Durango y ex candidato (2006) a senador por la coalición que formaron PRD, PT y Convergencia.

Aseguró que en muchos casos documentados por la Fuundec, el Ministerio Público ha tenido información de los familiares y amigos de las víctimas, donde incluso se señalan a presuntos responsables, pero en todo momento los denunciantes se topan con la inacción de la autoridad.

Dijo que la detención ocurrida hace un mes de funcionarios de la Fiscalía General del Estado y de la subdelegación en Saltillo de la PGR, a quienes la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada acusa de proteger a miembros del crimen organizado, tumbó la confianza que Fuundec había puesto en los gobiernos estatal y federal.

La confianza en las autoridades está completamente perdida, aseguró.

Hace dos semanas, Fuundec emitió un comunicado donde exigió al gobierno estatal investigar y difundir el grado de complicidad de funcionarios públicos con bandas criminales, pues de lo contrario serán inútiles los esfuerzos y políticas públicas que se pongan en marcha para esclarecer las desapariciones.

La estructura del Estado está dañada en un nivel muy alto y tiene un alcance que no podemos precisar; es importante que el gobierno reconozca la dimensión del problema, así como el grado de involucramiento de servidores públicos.

La Fuundec pidió al gobernador Rubén Moreira Valdez hacer una evaluación exhaustiva de todos los funcionarios que han conocido los casos de desapariciones y deslindar responsabilidades en cuanto a posibles actos de obstrucción al derecho a la justicia.