Mazatlán, Sin., 7 de abril. Desplazados de los seis pueblos afectados por la construcción de la presa Picachos acusaron al gobierno de Mario López Valdez (Malova), de criminalizar la protesta social y reprimir con violencia a los comuneros, quienes por segundo día consecutivo mantienen un plantón en el malecón de Mazatlán para exigir la liberación del líder del movimiento, Atilano Román y tres compañeros.

Unas 300 personas apostadas en el malecón de la avenida Del Mar reparten volantes para informar a los ciudadanos del propósito de su manifestación y exigen al gobernador de Sinaloa transparencia en el desglose de los recursos que se entregaron a los campesinos desplazados por la construcción del embalse.

Desmintieron que el gobierno haya invertido 853 millones de pesos como afirmó y declararon que apenas se han destinado 624 millones para pagar a los afectados.

María José Osuna, vocera del movimiento e hija de uno de los cuatro detenidos, dijo que permanecerán en plantón hasta que sean excarcelados los líderes del movimiento, “pues no son delincuentes, sólo exigen sus derechos por haber sido desplazados de sus pueblos –ahora hundidos bajo el agua de la presa– y reciben la ley de garrote”.

Advirtió que responderán al diálogo que ofrece el mandatario estatal sólo si liberan a los cuatro detenidos, de lo contrario no acudirán ni negociarán, como públicamente anunció el gobernador.

La situación jurídica de los cuatro detenidos y consignados por el Ministerio Público será definida el próximo lunes, cuando concluya el término por parte del juez séptimo de distrito del ramo penal, informó el abogado Julio Lozano Bailón.

El delito que se les imputa es riesgo para la sociedad por atacar vías generales de comunicación y afectar a terceros.

El PRD debe redefinir su relación con el gobierno de Sinaloa

A partir de los actos represivos ejercidos por el gobierno de López Valdez contra los comuneros afectados por la presa Picachos, el PRD debe redefinir su relación con esta administración y valorar si sigue o forman parte de ésta, afirmó Camilo Valenzuela Fierro.

El fundador de este instituto político y dirigente estudiantil durante la década de los 70, dijo que no se pude nadar de muertito y tener como prioridad una situación personal, de privilegio económico o político, por encima de los movimientos sociales, la lucha democrática, como la que libran muchos sectores, uno de ellos el de los comuneros de Picachos.

Valenzuela, actual presidente del Consejo Nacional del PRD, dos veces diputado federal y candidato a la presidencia nacional del sol azteca, manifestó que Juan Guerra Ochoa, ex diputado federal y actual secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Malova, debe asumir una postura pública sobre este acto represivo y sobre el actuar del gobernador.

El domingo, policías ministeriales detuvieron a 45 comuneros que marchaban por las carreteras México-Nogales 15 y Maxipista. Tres manifestantes, entre ellos el dirigente Atilano Román, siguen presos en el penal de Culiacán. “No es la primera vez que Malova reprime actos de este tipo: en diciembre, 35 enfermeras fueron despedidas del Hospital de la Mujer por entablar una demanda para exigir mejor salario y prestaciones”, señaló.

El perredista avaló la postura de Feliciano Castro, ex líder estatal del PRD, quien renunció el martes a la jefatura de la Oficina de Enlace del gobierno del estado para atender los reclamos de los comuneros ante la represión de que fueron víctimas.