e aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que plantea la forma en la que se van a aplicar los procedimientos para procesar a menores infractores de 12 a 18 años.
Una de las propuestas que más se destaca es que la edad para ser imputado por un delito bajó de 18 a 14 años. Si analizamos la situación en la que se encuentran muchos jóvenes en este país, desde nuestro punto de vista, es una solución totalmente equivocada, alejada de la ética.
En primer lugar, se evidencia la falta de apoyo del gobierno a la educación, al señalarse que de los 122 mil aspirantes del concurso de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el ciclo escolar 2013-1, menos de 10 por ciento obtuvo un lugar; es decir, 11 mil 116. No es que los jóvenes no tengan la capacidad intelectual para incorporarse a estudios universitarios, sino que la UNAM no tiene la capacidad presupuestal para incorporarlos.
Por eso es también lamentable que la licenciatura de mayor demanda, la de médico cirujano, al ser una carrera considerada saturada, se pide a los jóvenes que opten por otra. Por eso, de 14 mil aspirantes que aplicaron para medicina sólo entraron 327. Esto resulta desastroso para el país, pues nunca los médicos son demasiados para una sociedad.
México tiene el segundo lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 7 millones de muchachos que no estudian ni trabajan, no por decisiones propias, por supuesto, sino por incapacidad de la economía y del sector educativo, así como por un entorno familiar poco favorable. Estos jóvenes dejaron la escuela hace cinco o estudiaron hasta 15 años según la edad; 26 por ciento no terminó la primaria o secundaria; 43.8 por ciento obtuvo educación básica, pero truncó sus estudios de preparatoria y 18.6 por ciento sí la terminó; sólo 11 por ciento aprobó algún grado de educación superior.
Sin duda, se requieren cuantiosos recursos para cambiar las condiciones de la educación, pero, sobre todo, una decisión política que la ponga en el centro del proyecto nacional si se quiere desarrollar al país. Como dice Miguel Székely: el mayor costo de todos los posibles es no atender el problema, generando riesgos crecientes para el futuro
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Y si la educación se encuentra en esas condiciones desastrosas, las opciones de empleo no están en mejores condiciones, pues 66 por ciento de los jóvenes de 12 a 24 años que logran obtener un trabajo lo tienen en el sector informal. (La Jornada, 28 de marzo). A esto hay que añadir el hecho de que la opción de la migración sigue estando muy restringida, lo que incrementa la presión social interna al no cambiar las condiciones en el país.
Este escenario que se ve agravado con los datos que presenta el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) acerca de la pobreza. Si en 2006 la pobreza de ingresos ascendía a 45.5 millones de personas, para 2010 esta cifra se incrementó a 57.7 millones; es decir, creció 27 por ciento. El número de mexicanos en pobreza alimentaria pasó de 14.7 millones a 21.2 millones, lo que significa un aumento de 44 por ciento, y el número de los que están en pobreza de capacidades creció de 22 millones a 30 millones; es decir un aumentó 50 por ciento. (Carlos Fernández-Vega).
Este contexto desolador es el que gira en torno a los 25 y 30 mil jóvenes de 13 a 25 años que son detenidos como presuntos responsables de pertenecer a las bandas criminales y en el de los niños de 13 a 16 años que confiesan haberse enfrentado a grupos antagónicos. (Informador.com.mx).
Ante este panorama, nuestros preclaros legisladores han encontrado como solución la Ley Federal de Justicia para los Adolescentes. Muchas preguntas nos surgen: ¿por qué se escogió los 14 años?, ¿quiere decir que cuando se les ocurra podrán bajarla a 12 años? ¿No se está violando la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, firmados por México? ¿Han tomado en cuenta las condiciones bajo las cuales estos niños infringen la ley? ¿Se han percatado los legisladores de que estos menores nacieron prácticamente en el periodo del proyecto neoliberal y muchos en la alternancia? ¿No hay ninguna responsabilidad de los gobernantes? ¿Se puede llamar a esto justicia?
Hay que enfatizar el hecho de que una parte muy importante de estos niños vive en la pobreza, sin acceso a la educación, a la recreación, ni a un futuro decente, y a es a ellos a quienes se persigue, a los más vulnerables. Para colmo, se incorporarán a un sistema penal que no los prepara para ser rehabilitados, y el daño, por ser niño, será mucho peor.
