elipe Consuelo Soto, juez del concurso mercantil en Mexicana de Aviación, ha adquirido notoriedad pública por sus acciones tendientes a que la empresa reanude operaciones después del cierre ilegal llevado a cabo hace un año y nueve meses. Su actitud ha generado controversia entre aquéllos que quieren que la fuente de trabajo continúe, que lo ven con gran simpatía, y los que apuestan por el cierre definitivo, como un obstáculo. ¿Quién tiene la razón?

Los concursos mercantiles son procesos legales especiales diferentes a los juicios clásicos donde existen claros intereses en pugna y corresponde al juez decidir cuál tiene la razón. En materia concursal, tiene un papel sui generis: actúa como integrador de soluciones, apoyándose en personal altamente calificado. Basta leer el artículo primero de esta ley para identificar su finalidad: “Es de interés público conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas…” En el caso de Mexicana de Aviación se juegan la vida laboral 8 mil 500 trabajadores y cerca de 200 mil empleos indirectos. El papel prioritario del juez Consuelo es intentar que la empresa vuelva a funcionar, salvando el mayor número de puestos de trabajo.

No existe en nuestro país una cultura oficial orientada a cuidar los empleos, a pesar de su gran importancia y escasez. El empleo formal con seguridad social genera un círculo virtuoso para la sociedad; por ello, para este fin, el gobierno tiene la obligación de utilizar todos los recursos a su alcance. En Mexicana, la postura gubernamental ha transitado por una vía contraria.

Existen muestras evidentes de la actitud negativa del gobierno en ese conflicto; la venta de la empresa, a mediados de los años 90 a Gastón Azcárraga, en condiciones de privilegio y sin garantizar la continuidad del negocio, exprimiéndola para su particular beneficio; años después, la venta simulada de acciones a un costo bajísimo. A partir del cierre, todos los esfuerzos por reabrirla se han enfrentado a acciones abiertas o encubiertas de funcionarios federales para evitar la reanudación de labores. Lo dijo claro un trabajador: “Pedimos al gobierno que nos echara una mano y nos la echó… pero encima”.

Las recientes actuaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nombrando un interventor en el concurso mercantil, dan cuenta de que cada vez que la empresa pretende agarrar vuelo se inventa una excusa para impedirlo. Formalmente, se hace aparecer como gestión de los acreedores que son entidades públicas dependientes de esa secretaría, y en consecuencia, mandatadas por ella para obstaculizar el avance.

El juez Consuelo Soto no se ha sometido a esta lógica, es experto en la materia y sabe bien que la posibilidad de que la fuente de trabajo continúe depende no sólo de la inversión, sino de la voluntad del propio gobierno, y que este último actúa con dos caras: con una hace declaraciones en favor de la continuidad de la fuente laboral, y con la otra, mueve las fichas para impedir que las actividades se reanuden.

El destacado filósofo belga Françoise Ost, en su artículo Júpiter, Hércules, Hermes: tres modelos de Juez, distingue diversos tipos de juzgadores: el primero sujeta su actuar a la pirámide formal de la ley que viene de arriba, vinculándolo con la figura de Júpiter; es propio del Estado liberal del siglo XIX. El segundo es el juez del siglo XX, propio del Estado social, quien otorga importancia a la interpretación y hace juicios, fincando su autoridad en la decisión, no en la ley. El tercero representa un modelo con los rasgos de Hermes, el mediador, el comunicador. Hermes ocupa la conexión entre las cosas, asegura el tránsito de unas a otras… preside los intercambios; supera travesías desconocidas. Es el juez del siglo XXI.

Sostiene Ost que el juez requerido para nuestros tiempos es aquél capaz de operar en un entorno más complejo, en el que se hacen presentes los derechos de la tercera generación, donde aparecen diversos actores jurídicos que lo obligan a ejercer su función atendiendo esta nueva pluralidad.

El juez Consuelo pertenece a esta tercera categoría. Por ello, no debe resultar extraño que toque puertas, que acuda a reuniones y busque remover obstáculos. Los trabajadores y la opinión pública, en una vía paralela, transitan hacia el mismo objetivo. Las quejas ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez Consuelo son promovidas por la misma mano del gobierno federal que mece la cuna, la cual busca neutralizarlo para evitar que el interés público y el espíritu de la ley prevalezcan. Las acusaciones resultan absurdas e inexplicables si la verdadera intención de los quejosos gubernamentales fuese intentar reabrir la fuente laboral.

Todos debemos apoyar una actitud proactiva y cercana hacia los jueces. Precisamente, uno de los objetivos esenciales de la reforma constitucional en materia penal de junio de 2008 asegura la llamada inmediación; es decir, que los jueces estén presentes en audiencias para que observen de manera directa el desahogo de las pruebas y estén en mayor capacidad de valorar las declaraciones, testimonios y demás probanzas. De esta forma, la oralidad es un medio para asegurar la cercanía del juez con las partes. En esta postura no debe resultar extraño que éste se reúna con ellos o que anime a los trabajadores a mantener la esperanza de conservar la fuente de empleo que tanto requieren. Necesitamos más jueces con los rasgos de Hermes. Necesitamos más como Felipe Consuelo Soto.

Posdata: en el ámbito laboral hay otro juzgador a quien pretenden cortar las alas por el pecado de expresar una opinión jurídica crítica contra el decreto antisindical emitido por el pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Se trata de Lauro Sol. Su intento de remoción ha movilizado en su favor al foro laboral y a un sector de la sociedad civil. No cabe duda: en nuestros tiempos, es necesario superar muchos obstáculos para que un juez pueda cumplir su misión.