Mazatlán, Sin., 6 de abril. Comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos instalaron un plantón en este puerto para exigir la liberación de cuatro líderes, consignados y recluidos en el penal de Aguaruto, en Culiacán, acusados de obstruir vías de comunicación tras una marcha el pasado 1º de abril. Mientras en la capital del estado, otro grupo de inconformes abandonó la protesta que sostenía en la explanada de la Unidad Administrativa por el temor de nuevos actos represivos del gobierno estatal.

Este viernes, unos 50 campesinos de los seis pueblos desplazados de la presa Picachos se instalaron sobre la avenida del Mar y Lola Beltrán, frente a la playa, para exigir el fin de la represión y liberar al líder del movimiento, Atilano Román, así como a Hortencia Tirado, René Osuna Díaz y José Isabel Lizárraga Osuna, quienes no recibieron el beneficio de la fianza.

El grupo se instaló la madrugada de este viernes sobre el malecón de la avenida del Mar, junto a la alegoría de la cerveza, con hornillas y tanques de gas para preparar alimentos.

Con mantas y pancartas demandaron al gobernador del estado, Mario López Valdez cumplir con los compromisos firmados con los afectados por la presa Picachos.

Durante la noche del jueves los cerca de 200 inconformes que estaban en plantón en la Unidad Administrativa en Culiacán decidieron retirarse a sus comunidades ubicadas en la zona serrana de los municipios de Concordia y Mazatlán, lo cual, dijeron, no significa que desistan de la lucha. También se desistieron de una protesta en la cortina de la presa, en señal de disposición al diálogo para conseguir la liberación de sus compañeros.

Los manifestantes dijeron que temían nuevos operativos en su contra de agentes de corporaciones estatales, por ello optaron por desistir del plantón y retirarse. El domingo 1º de abril 45 comuneros fueron detenidos por agentes estatales cuando marchaban sobre las carreteras Maxipista y México-Nogales 15, rumbo a Culiacán, para realizar actos de protesta.

María José Osuna, vocera del grupo, precisó que los 41 detenidos y posteriormente liberados erogaron en total 297 mil pesos, de 397 mil para cubrir el pago de su liberación, pues el juez federal les rebajó cien mil pesos al imponer 6 mil pesos de fianza a un grupo de 25 personas, excepto a dos, a quien impuso 60 mil. A otros 16 se les aplicó un pago de 3 mil pesos cada uno.

Heriberto Arias Suárez, dirigente estatal del PRD, pidió al gobernador conceda el perdón a los cuatro comuneros presos y de esa manera generar un ambiente de diálogo menos tenso.