l suicidio del pensionado griego Dimitris Christoulas, ocurrido el pasado miércoles en la céntrica plaza Syntagma de Atenas, en protesta por los planes de ajuste avalados por el gobierno de Lukas Papademos, es una síntesis, particularmente trágica, de la desazón y la impotencia colectiva, del proceso de devaluación humana y de la explosividad social que ha generado en ese país la aplicación de las políticas de ajuste económico exigidas por la llamada troika –el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea–: reducción del sector público, abatimiento de los niveles salariales y las pensiones, eliminación de subsidios a tarifas y servicios y desaparición de prestaciones sociales, lo que ha implicado profundizar el desempleo y provocar una grave caída de los niveles de ingreso, de consumo y de vida en general.

Ayer, en la capital griega, las protestas desatadas en respuesta a la autoinmolación de Christoulas derivaron en nuevos disturbios y enfrentamientos entre policías y manifestantes, con saldo preliminar de dos heridos y decenas de detenidos. Pero la violencia y los barruntos de estallido social en la nación helénica no son más que expresiones sintomáticas de una población reducida, por sus propios gobernantes y por las autoridades financieras internacionales, a la condición de carne de cañón para una incierta recuperación macroeconómica. Hasta ahora, ni los directivos del FMI ni las autoridades de Bruselas han tomado en cuenta, al elaborar las recetas de choque para la economía griega, la zozobra y la precariedad que agobian a millones de habitantes en ese país; por el contrario, unos y otras siguen exigiendo al gobierno de Atenas que adopte medidas que implican un sufrimiento adicional de las mayorías: ayer, por ejemplo, el portavoz del FMI, Gerry Rice, tras afirmar que esa institución se siente profundamente triste por el suicidio del jubilado griego, pidió a los partidos políticos de la nación mediterránea mantener su apoyo al programa de reformas económicas, les recomendó que mantengan en mente los grandes objetivos, y dio, con ello, una muestra de la hipocresía proverbial del organismo financiero internacional.

La Grecia contemporánea es un ejemplo claro de los límites y del carácter desestabilizador e inhumano del dogma económico vigente. En tiempos de crisis, la aplicación de la ortodoxia y la disciplina fiscal pregonadas por los organismos financieros internacionales no sólo devasta la economía, desgarra el tejido social y desemboca, tarde o temprano, en pérdida de paz y de estabilidad política; también representa, para amplias franjas de las poblaciones afectadas, el aniquilamiento de cualquier esperanza de supervivencia –como expresó Dimitris Christoulas en una carta póstuma– y atenta, en ese sentido, contra la principal riqueza que puede tener un país: su población.

En la medida en que las autoridades de Grecia, de Europa y del mundo no reconozcan el potencial destructivo de las medidas que suelen pregonar como soluciones para las economías en dificultades, y en tanto no atiendan la raíz del problema –que no es otra que la persistencia del modelo económico neoliberal que colapsó hace más de tres años a escala mundial–, seguirán erigiéndose en impulsoras de un sacrificio humano tan inmoral e inequívoco como el que expresó el pasado miércoles, en Atenas, el farmacéutico griego Dimitris Christoulas.