Bogotá, 4 de abril. El grupo internacionalista de Mujeres del Mundo Gestoras por la Paz instó al presidente José Manuel Santos a cumplir el compromiso hecho antes de la liberación de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de permitir que una comisión de este colectivo visite las cárceles donde son procesados o cumplen condenas presos políticos y guerrilleros, y aseguró que, pese a la negativa de una autorización para cumplir dicha misión en este viaje, insistirán ante el gobierno colombiano, sus respectivos gobiernos e instancias internacionales.

En un comunicado que dieron a conocer esta tarde en rueda de prensa, la diputada salvadoreña Nidia Díaz, a nombre de las 12 mujeres de la delegación de Gestoras, también exhortó al mandatario a usar lo más pronto posible la llave que usted tiene para abrir una vía de solución pacífica al prolongado conflicto armado colombiano.

También dirigieron una carta al secretariado del Estado Mayor de las FARC en la que expresan su gratitud y reconocimiento por el cumplimiento de la palabra dada y asumida, no sólo por la entrega de los oficiales que mantenían secuestrados desde hace tres lustros, sino también por haberse comprometido al cese de los secuestros extorsivos.

Además le reiteran al mando guerrillero que mantienen firme nuestro compromiso de visitar a las y los privados de la libertad a causa del conflicto social y armado.

En Colombia, de una población carcelaria cercana a los 90 mil presos, 10 por ciento son activistas perseguidos, presos de conciencia, campesinos capturados en arrestos masivos en zonas de presencia de las FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según cifras de las propias autoridades penitenciarias, de estos nueve mil, mil son integrantes de los grupos armados. El resto son presos de conciencia –líderes campesinos, de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes u opositores– acusados en el contexto de una política de judicialización de la protesta social.

Ante los periodistas habló también Liliany Obando, presa de conciencia que pasó cuatro años en cárceles de máxima seguridad como parte del proceso penal por terrorismo que el gobierno colombiano fabricó con las computadoras del jefe de las FARC, Raúl Reyes, muerto en Ecuador en 2008.

Piedad Córdoba, dirigente de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz, respaldó la demanda de las internacionalistas que exigen acceso a los guerrilleros presosFoto Ap

Socióloga, organizadora de campesinos y de defensores de derechos humanos, Obando fue liberada apenas hace un mes (el primero de marzo) luego de que los tribunales decretaran ilegales las pruebas presentadas por la fiscalía. Al expresar su reconocimiento a las familias de los uniformados recién liberados y compartir su felicidad por verlos retornar sanos y salvos a sus hogares, destacó también el contraste con la pena y el agobio de las familias de los más de nueve mil prisioneros políticos y de guerra, que añoran todos los días tener la misma posibilidad y lloran al verlos pudrirse en las cárceles con condenas de más de 40 años.

Por su parte, la ex senadora y dirigente de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz, Piedad Córdoba, refirió que durante las gestiones confidenciales que a la postre hicieron posible el retorno de los secuestrados de las FARC , el presidente Santos se comprometió directamente con el legislador Iván Cepeda a autorizar el acceso de la delegación de mujeres a las cárceles inmediatamente después del arribo de los liberados.

Nos sorprende y preocupa el incumplimiento de los compromisos anunciados, dice la carta de las internacionalistas. La negativa de permitir la entrada de la delegación de mujeres latinoamericanas a los penales fue justificada por funcionarios de la presidencia con el argumento de que los problemas de los colombianos los resolvemos los colombianos.

Ante esta respuesta, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, la dirigente del nuevo partido hondureño Libre y esposa del presidente derrocado Manuel Zelaya, Xiomara Castro, y la diputada por el FMLN de El Salvador, Nidia Díaz, recordaron que en distintas etapas críticas, sucesivos gobiernos colombianos hicieron aportes a la solución pacífica de conflictos en Centroamérica, especialmente con su participación en le Grupo Contadora en los 80 y en años recientes a raíz de la ruptura institucional en Honduras. Ahora debería corresponder con la misma apertura a los aportes que pueda hacer en la búsqueda de soluciones pacíficas para la humanización de la prolongada guerra en este país, insistieron.