Monterrey, NL., 31 de marzo. La Alianza de Usuarios de Servicios Públicos de Nuevo León exigió una auditoría a los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) –empresa descentralizada del gobierno estatal– por presuntos cobros ilegales e injustificados, de abril de 2009 a la fecha, que habrían representado un quebranto superior a 10 mil millones de pesos, en perjuicio de casi 4 millones de habitantes de la zona metropolitana.

Jaime Noyola Cedillo, asesor jurídico de la organización civil, afirmó que las supuestas operaciones fraudulentas se habrían realizado al cobrar a cada usuario unos seis metros cúbicos anuales en promedio de agua no suministrada, como resultado de una práctica de redondeo mensual que sólo beneficia a la empresa, pues, por ejemplo, si el medidor marca 9.9 metros cúbicos se le cobran 10, pero si señala 10.1 el cobro será por 11 metros cúbicos.

Agregó que además del cobro por consumo de agua y la cuota por drenaje, que representa 25 por ciento del importe total, a todos los usuarios se les aplica un cargo fijo mensual de 32 pesos, que antes sólo se hacía en las casas solas o con un consumo mínimo.

Asimismo, detalló Noyola Cedillo, se cobraría doble la cuota por drenaje, una vez en forma desglosada y otra como parte del importe por concepto del agua consumida.

El activista señaló que el gobernador Rodrigo Medina debe autorizar sin demoras la revisión de cuentas de la paraestatal, con mayor razón si ya accedió a que se haga una auditoría en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón).

La revisión contable al Isssteleón es por quebranto en sus fondos de inversión que ascendería a 288 millones de pesos, pero sólo en perjuicio de maestros y burócratas del estado, mientras el sobrecobro de SADM afecta a más del 99.5 por ciento de la población metropolitana.

Noyola Cedillo informó que la semana próxima la alianza de usuarios presentará una queja ante la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor, porque SADM utiliza publicidad engañosa, pues en abril de 2011, al poner en vigor un incremento de 19 por ciento en el suministro, anunció que después de 11 meses consecutivos de pagar a tiempo el consumidor quedaría exento de pagar el mes siguiente.

Sin embargo, la empresa omitió decir que el beneficio es sólo es para los usuarios con facturas de cero a seis metros cúbicos mensuales –apenas 10 por ciento de los usuarios–, otro 5 por ciento, los que poseen casas sin habitar, y el otro 5 por ciento donde vive una o máximo dos personas de la tercera edad.

Sostuvo además que la empresa ha mostrado gran insensibilidad, pues al tercer mes de atraso en los pagos reduce el servicio a los morosos; pero para obligar a que el usuario cubra de inmediato el adeudo utiliza un reductor con un conducto del grosor de la punta de una aguja, que deja flujo insuficiente para bañarse o realizar las más elementales tareas domésticas, lo cual contraviene los lineamientos de la Ley General de Salud.