Mazatlán, Sin., 31 de marzo. Por segundo día consecutivo, unos 400 comuneros de los seis pueblos desplazados por la construcción de la presa Picachos continuaron su caminata y a la medianoche llegaron a un paradero del municipio de Elota, en el kilómetro 72 de la autopista de cuota Mazatlán-Culiacán, donde pernoctarán.

Los manifestantes, quienes la noche del viernes llegaron a la caseta de cobro de Mármol, ubicada en el kilómetro 29, salieron el sábado por la mañana y tras ellos iba una larga fila de vehículos, que lograron seguir cuando los comuneros hicieron una parada para comer.

Por la carretera libre México 15, otras 400 personas que efectúa una caminata paralela reiniciaron su marcha en el pueblo El Quelite (kilómetro 32) y por la noche descansaron en el poblado La Tepozana, también municipio de Elota.

Dos patrullas de la Policía Federal mantienen distancia y con sirenas alertan a los automovilistas de la presencia de los manifestantes, cuyos dirigentes, Atilano Román y Alma Barraza, dijeron que ningún funcionario se había presentado con ellos para iniciar negociaciones sobre el pago de indemnizaciones y la inversión para proyectos productivos para tener empleos en sus comunidades.

En Mazatlán, Jesús Antonio Marcial Liparoli, subsecretario de Gobierno, informó a La Jornada que 95 por ciento de los 800 comuneros y avecindados (los que no poseen parcelas) de los seis pueblos han recibido pagos por concepto de indemnización y actualmente el gobierno realiza un padrón de los recursos que se han entregado a las afectados por el embalss para finiquitar a quienes se les adeuda.

El funcionario consideró que para el gobierno de Mario López Valdez el asunto de los pueblos desplazados es herencia del ex gobernador Jesús Aguilar Padilla, pero que el problema se resuelve en tres fases: atendiendo las demandas sociales, las indemnizaciones y el proceso expropiatorio de la presa Picachos.

Esto último no se ha dado debido a errores del polígono del nivel máximo del agua que entregó la empresa constructora y que la Comisión Nacional del Agua no validó. Después que se oficialicen los datos podrán solicitarse al Registro Agrario Nacional las superficies a expropiar y pagar el área del embalse.

El subsecretario detalló que López Valdez avaló el año pasado invertir 75 millones de pesos, 27 de los cuales se ejercerán en proyectos de pesca, floricultura, apicultura, ganadería y agricultura protegida, lo que dará empleo a las familias desplazadas de los seis pueblos.

El gobierno, dijo, cumple con la demanda social al destinar 2 millones 200 mil pesos para ocho piletas que producirán 4 millones de tilapias para repoblar la presa, recurso que será manejado por 120 familias que se integraron en cinco cooperativas.

Por conducto de Juan Guerra, secretario de Agricultura y Ganadería, se diseñó un proyecto por 25 millones de pesos para aplicarse este año.