La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció que durante el proceso de discusión de las reformas a los artículos 24 y 40 constitucionales el Congreso consultó a la Iglesia católica, pero negó rotundamente que haya sido instigadora de los cambios aprobados en materia de libertad religiosa o que haya habido algún acuerdo con el Vaticano.

Cuando nos consultó el Congreso le dijimos que estábamos de acuerdo en que el cambio al 40 fuera junto con el del 24, que fue lo que hizo el Senado (el miércoles pasado). Fue la intención explícita de éste decir que lo que quiere es un Estado que garantice todos los derechos universales, incluido el de la libertad religiosa, señaló Carlos Aguiar Retes, presidente de la CEM.

En conferencia de prensa en la que presentó el documento La democracia en México ha de consolidarse en la paz, el desarrollo, la participación y la solidaridad, el también presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano descartó que hubiera alguna injerencia del Vaticano en la aprobación de los cambios constitucionales; precisó que el discurso sobre libertad religiosa expuesto por el secretario del Estado Vaticano, Tarcisio Bertone, durante la visita del papa Benedicto XVI, en una cena a la que asistió el presidente Felipe Calderón, sólo fue reacción por lo que sucedía en México en esa materia.

Aseguró que la Iglesia está totalmente de acuerdo con el Estado laico, pero entendido por aquel que es imparcial, que está para todas las iglesias, postura que –dijo– ha tenido desde hace cinco décadas, cuando en el Concilio Vaticano II se manifestó contra los estados confesionales.

Aguiar Retes detalló que desde las reformas de 1992 al artículo 130 constitucional, que dieron personalidad jurídica a las iglesias, el credo católico consideró que los cambios se habían quedado cortos. No obstante, remarcó que esa modificación, realizada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue valiosa e histórica.

El también arzobispo de Tlalnepantla sostuvo que poco a poco se va caminando hacia el concepto amplio de libertad religiosa que busca la Iglesia, y con las reformas aprobadas en el Senado se da un paso más.

Remarcó que, de hecho, se ha logrado lo que yo considero es el ideal: que la Constitución garantice este derecho humano universal; ese es el gran paso histórico.

Sin embargo, expresó que tras la aprobación en los congresos locales y la posterior publicación de los cambios constitucionales, lo que queda por hacer son leyes complementarias. Por lo pronto, celebró que las modificaciones permitan a los funcionarios públicos que al manifestar sus convicciones religiosas no rompan con el Estado laico y que las asociaciones filantrópicas con influencia católica puedan deducir impuestos.