Amnistía Internacional (AI) adoptó ayer a los activistas mexicanos José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz como presos de conciencia, luego de comprobar que ambos fueron encarcelados con base en pruebas falsas, como represalia por haber asumido la defensa del derecho al agua en su comunidad.

Rupert Knox, jefe del equipo de investigación de AI sobre México, señaló en conferencia de prensa que la sentencia de seis años de cárcel contra ambos hombres, dictada en 2010 por el supuesto robo de un auto, fue resultado de un proceso judicial lleno de vicios e irregularidades.

Se trata de un caso emblemático –subrayó–, porque ha quedado de manifiesto que el objetivo era castigarlos por oponerse a los intereses de un cacique local que controla el acceso al líquido en la comunidad de Atla, ubicada en la sierra norte de Puebla, como informó este diario (La Jornada, 19/02/2012).

Destacó que en el juicio contra ambos activistas nunca se logró comprobar que efectivamente hubo un robo de auto, no se validaron las pruebas y testimonios contra ellos, ni se les brindó un intérprete y un abogado de oficio que les explicara en náhuatl –su idioma natal– de qué se les acusaba, agregó.

Por todo ello, Amnistía Internacional decidió asumir el caso e iniciar una campaña para lograr su liberación, mediante el envío de cartas a diferentes autoridades encargadas del tema, específicamente al ministro José Ramón Cossío, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), quien ahora se encargará de analizar el tema y debatirlo en la primera sala del máximo tribunal del país.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), recordó algunos detalles del caso; subrayó que en él pueden verse muchas de las deficiencias que aún persisten en el sistema judicial del país, incluida la discriminación contra los pueblos indígenas.

De su lado, Araceli Olivos Portugal, abogada de dicho colectivo, apuntó que la acusación contra ambos defensores comunitarios del agua era insostenible desde el principio, ya que es evidente que los testimonios y pruebas en su contra no tienen fundamento y sólo estaban motivados por un ánimo de castigo.

Si los dos hombres han estado presos durante dos años y tres meses –indicó–, es sólo porque los grupos locales de poder han ejercido presión al respecto. Sin embargo –dijo–, existen todos los elementos para que la SCJN revise el caso y ordene su inmediata liberación.

Andrés Díaz, también abogado del Prodh, puntualizó que si los jueces deciden reponer todo el proceso se estaría revictimizando a José Ramón y Pascual, ya que se les obligaría a permanecer en la cárcel por más tiempo de forma totalmente innecesaria.