La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aplazó dos semanas la aprobación, en lo particular, del dictamen con el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales para atender las observaciones que ayer entregaron el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, un grupo de organizaciones no gubernamentales y las bancadas del PRD y PT.

El presidente de la comisión, el priísta Humberto Benítez Treviño, dijo que se abrió este espacio para revisar el documento, pero acotó que al final serán las consideraciones jurídicas las que decidan el dictamen, porque tenemos como 35 recomendaciones, y si las aceptamos todas necesitaríamos 35 códigos diferentes, expuso.

Benítez Treviño expuso que la víspera, el perredista Alejandro Encinas me entregó un documento en el cual manifiesta su preocupación por algunas detenciones en flagrancia que no estén debidamente formalizadas con una orden de aprehensión. Son de los temas que estamos analizando.

La reforma constitucional del 18 de junio faculta al Ministerio Público para realizar detenciones en flagrancia, incluso para arraigar previa autorización del juez por un tiempo determinado, que son 40 días, y puede duplicarse el arraigo.

Son detenciones que no han sido bien vistas por organizaciones no gubernamentales, pero son aprehensiones ya previstas en la Constitución. Por eso se dictaminó mi iniciativa para regular el arraigo, para evitar violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales, aclaró.

–¿Eso quiere decir que no está del todo aprobado este código?

–Nosotros lo vamos a aprobar. Acuérdense que la comisión no responde a presiones de nadie. Si los 30 integrantes de la comisión –que es plural– estamos de acuerdo, lo dictaminaremos a pesar de que proteste quien proteste. No podemos legislar a contentillo de alguna organización o de alguna persona; si tenemos la certeza de que lo que estamos haciendo es lo correcto, así votaremos en consecuencia.

No obstante, ante las demandas de las organizaciones civiles Benítez Treviño aceptó el estudio y análisis de éstas y convocó a la comisión a su cargo a realizar un debate el miércoles de la semana de Pascua.

Precisamente el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, así como organizaciones defensoras de los derechos humanos, plantearon no concluir la aprobación del dictamen con el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, porque su contenido se aleja de la reforma constitucional y legal en materia de derechos humanos y amparo e implica de hecho una regresión al modelo inquisitorio.

Violaciones a estándares internacionales

A través de un comunicado de las ONG, se advierte que el dictamen viola estándares internacionales y constitucionales en materia de medidas cautelares, al establecer y permitir que el Ministerio Público las imponga durante la etapa de investigación, en franca contradicción con el artículo 19 constitucional, que prevé la competencia exclusiva del juez.

Y contiene un catálogo de delitos graves que excede el techo constitucional del artículo 190, lo que abriría la puerta a abusos en la determinación de medidas cautelares y de prisión preventiva.

Consideran grave la implementación de cateos sin necesidad de orden judicial, operaciones encubiertas y agentes infiltrados, aun cuando no se define con claridad el control judicial, e incluye tres excepciones a la regla de exclusión de pruebas ilícitas, lo cual es incompatible con el principio de la legalidad y permitiría abusos tan graves como la tortura.