La Cámara de Diputados solicitó a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, que informe sobre los procedimientos penales y administrativos emprendidos contra servidores y ex funcionarios públicos que ordenaron, participaron y ejecutaron la escenificación (de la detención), ajena a la realidad del lugar de la investigación, y violaron las garantías del debido proceso de la ciudadana francesa Florence Cassez.

Durante la sesión ordinaria de ayer, al debatir esa solicitud, la bancada del PT pidió que también se inicie un juicio político contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, por su probable responsabilidad en el montaje de la detención de Florence Cassez.

La diputada Laura Itzel Castillo recordó que en la Comisión Permanente se discutió la posibilidad de enjuiciar políticamente al funcionario por violar la Constitución, al aceptar portar una presea del gobierno de Colombia sin tener la autorización debida. Pero el PRI lo exoneró.

Sostuvo que si bien es entendible la posición del PAN de estar encubriendo a este delincuente, lo importante es desnudar la actitud de todo el Congreso, específicamente del PRI, que también encubre a un delincuente como García Luna.

Asimismo, al debatir sobre los puntos de acuerdo presentados por la Comisión de Gobernación, el pleno aprobó la autorización al secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, para aceptar y usar la condecoración Cruz de la Victoria que le otorgó el gobierno de la República de Chile.

En el debate, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del PT, argumentó que no debía aprobarse el permiso porque Galván Galván ya había usado la medalla.

Sin embargo, el diputado Arturo Zamora, del PRI, afirmó que el hecho o el acto mismo de la entrega de esta condecoración no ha ocurrido.

Por otra parte, a solicitud del diputado priísta Pedro Ávila Nevárez, el pleno guardó un minuto de silencio en memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato presidencial del PRI, asesinado el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

Ávila Nevárez insistió en que la Cámara de Diputados debe exigir a la PGR que reabra la investigación sobre ese crimen.