El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, así como organizaciones defensoras de los derechos humanos, plantearon a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados no concluir la aprobación del dictamen sobre el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, al considerar que su contenido se aleja de la reforma constitucional y legal en materia de garantías y amparo e implica de hecho una regresión al modelo inquisitorio.

Durante una reunión con legisladores de PRD y PT, las organizaciones demandaron iniciar una consulta pública, informada y plural en torno al nuevo Código de Procedimientos Penales, en el cual se asuma la centralidad del respeto a la institucionalidad democrática, los derechos humanos y el espíritu del sistema acusatorio de justicia penal.

Consideraron que la Comisión de Justicia, que ya aprobó el dictamen en lo general y pretende votarlo en lo particular este miércoles, debe reorientar el proceso legislativo y presentar un dictamen que sí responda a una lectura integral del marco jurídico mexicano y de las obligaciones internacionales del país.

En el comunicado conjunto que se entregó a los legisladores, se incluyen cuatro observaciones –las más preocupantes, aunque no son las únicas– al documento que impulsan PRI y PAN, bancadas que buscan aprobar el dictamen después del puente de Semana Santa.

La misiva resalta que el documento viola estándares internacionales y constitucionales en materia de medidas cautelares, al establecer y permitir que el Ministerio Público las imponga durante la etapa de investigación, en franca contradicción con el artículo 19 constitucional, que prevé la competencia exclusiva del juez.

También, resalta, se prevé un catálogo de delitos graves “que excede el techo constitucional del artículo 190 de la Constitución, lo que abriría la puerta a abusos en la determinación de medidas cautelares y de prisión preventiva.

Consideran particularmente grave la realización de cateos sin necesidad de orden judicial, operaciones encubiertas y agentes infiltrados, aun cuando no se define con claridad el control judicial, abriendo la posibilidad de acusaciones inverosímiles, fabricación de culpables y allanamientos arbitrarios.

Expresaron su alarma al advertir que el dictamen incluye tres excepciones a la regla de exclusión de pruebas ilícitas, lo cual es incompatible con el principio de la legalidad y permitiría abusos tan graves como la tortura.

Esto porque, indicaron, la comisión aprobó que no se considerara violatoria de derechos humanos información que aun cuando haya sido resultado de una prueba ilícita, sea obtenida por otros medios o cuyo vínculo a los actos violatorios a las garantías sea atenuado, término que calificaron de ambiguo. Se abre la puerta a que fuerzas federales sigan cometiendo detenciones arbitrarias y coaccionando declaraciones, dijeron.